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El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez Faría resolvió rechazar el incidente planteado por la defensa de Karina Mazacotte, que solicitaba la anulación de la admisión por parte de la jueza Penal de Garantías del caso, María Elena Cañete, de la imputación contra la funcionaria del “N° 2″.
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El mismo pedido ya había sido denegado a Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal y otros procesados, que vienen sobreponiendo incidentes dilatorios para frenar la realización de la audiencia preliminar en la que se deben imponer medidas a los imputados.
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Según la tesis de los fiscales del caso, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia, todos ellos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), la entonces directora de Control Interno de la Gobernación, entre agosto de 2020 y mayo de 2021 habría formado parte del presunto esquema de desvío de fondos que debían ser destinados para la reactivación económica durante la pandemia de COVID-19, mediante ONG “amigas”.
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Puntualmente, Mazacotte Widmer presuntamente solicitaba a funcionarios de la Gobernación emitir facturas a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez y administrada por el tesorero Paulino Palacio Recalde, a fin de redirigir el dinero a esas organizaciones y evadir los controles correspondientes del la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y otras instituciones fiscalizadoras del Estado.
Otros imputados
Además de Hugo Javier, Tadeo Álvarez y Paulino Palacio Recalde y Karina Elizabeth Mazacotte también fueron imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP, además de varios subalternos del gobernador.
Entre ellos, la secretaria general Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola (fallecido durante el proceso); el exjefe de Tesorería Luis Eduardo Allende Araújo, el asesor jurídico Édgar José Zaracho Quintana, el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras Adalberto Benítez Aguilera y los contratistas Óscar Morel Oses, José Félix Grau y Óscar Laureano Gaete Gómez.
Nº 2, salvado pese a graves irregularidades
El gobernador cartista Hugo Javier González había sido salvado de la intervención a su gestión y de ser apartado del cargo, gracias a sus correligionarios en Diputados, que se unieron para blanquearlo.
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Pese a esto, además de la imputación fiscal, la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Auditoría Interna del Poder Ejecutivo y otras instituciones detectaron groseras irregularidades en el manejo de los fondos COVID-19, que van desde presuntos pagos por obras ya finalizadas y pagadas previamente hasta obras deficientes o inconclusas recibidas y pagadas sin control de calidad e incluso facturas clonadas.