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El senador Hugo Richer (FG) reconoció que tienen la intención de al menos volver a la versión anterior de que la invasión a una propiedad privada sea solo un delito y no un crimen (con penas de hasta diez años) como lo es hoy. Sin embargo, admitió que no tienen los votos para modificar la ley pero advirtió a los colorados oficialistas que, en consecuencia, a partir de ahora deberán de analizar los acuerdos que hagan.
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“Quiero decirle a la gente que está en las calles, acá en Asunción, la gente que está en el interior, miles de personas. Hay que decirlo claramente, no tenemos los votos para intentar derogar esa Ley y hay que asumirlo”, afirmó Richer. Advirtió a los colorados oficialistas, que también necesitan al FG para alcanzar ciertas mayorías.
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“Creo que el FG va a tener que también seriamente pensar sus alianzas dentro del Congreso, hay cosas que ya se han agotado evidentemente”, apuntó. El mensaje también podría ir dirigido a algunos sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ya que con Patria Querida prácticamente no tienen coincidencias en Cámara Alta.
El senador Enrique Bacchetta (ANR, oficialista) fue uno de los que les ratificó que no prestaría su acuerdo para derogar la ley, y acusó a sus colegas de querer utilizar como “chantaje y amenaza” la movilización campesina en la Capital.
“Estoy escuchando que se le está azuzando a muchos compañeros del interior que vinieron a Asunción, que esa es la forma de apretarle al Senado, para que en el Senado se tenga que revertir”, dijo y agregó: “No es bueno que se utilice el lenguaje de la agresividad, del chantaje y la amenaza para poder derogar un articulado que no se puedo derogar institucionalmente”.
Guerra de números
El senador de Patria Querida (PPQ), Fidel Zavala, uno de los proyectistas de la Ley dijo que según los números que él obtuvo, tras la sanción de la ley, las invasiones cesaron casi en su totalidad. Incluso exhibió un gráfico con datos hasta los últimos meses del año pasado.
Zavala exhibió datos que atribuye a la Dirección de Estadísticas de la Policía Nacional, a la vez de acusar a los detractores de la Ley de querer derogarla, por la efectividad que tiene.
El senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Pedro Santa Cruz también exhibió sus propios números, mencionando que la mayoría de las denuncias que se hacen a la Policía por invasiones, no terminan en casos penales presuntamente por falta de méritos.
“Quiero dar los datos de la Policía Nacional y la Fiscalía, que abarca desde los años 2019 hasta 2021. Habla de denuncias ante la Policía Nacional, de 930 denuncias en tres años, estos son datos oficiales -no es que hablo de balde-, tanto de Fiscalía como de la Policía, y de eso, hay 278 causas penales”, dijo Santa Cruz,
No obstante, incluso puso en duda los casos que promueve la Fiscalía, a la que acusó de parcialista en contra de campesinos, ya que generalmente se los persigue a estos, siendo que muchas de las tierras públicas en cuestión están ocupadas “ilegalmente” por personas que no son sujetas a la reforma agraria.
“¿Qué se busca ocultar con esto? En primer lugar las tierras mal habidas y creo que una de las cuestiones más importantes de esto es que más de 1 millón de hectáreas de tierras públicas del Indert, están en manos de está gente (de mayores recurso), según datos oficiales del Indert”, dijo.
“La Fiscalía es selectiva, está en favor de los poderosos. ¿Se investigó las ocupaciones de los parques nacionales?, ¿de las calles?. Nunca se investigó”, apuntó finalmente.
La sesión culminó sin ninguna propuesta concreta para la derogación de la Ley.