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Bajo patrocinio de la abogada Gessy Ruiz Díaz el exsenador colorado Víctor Alcides Bogado González promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 99 del 9 de marzo de 2022, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por el ministro Manuel Ramírez Candia y los camaristas Andrea Vera Aldana y Gustavo Santander Dans.
Mediante dicha resolución la máxima instancia judicial declaró inadmisible el recurso de revisión que planteó el exparlamentario cartista en contra de la exigua condena que debe cumplir por el caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo.
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Con esta decisión de la máxima judicial quedan firmes la Sentencia Definitiva N° 128 del 3 de mayo de 2019, dictado por el Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Elio Ovelar (presidente), Juan Carlos Zárate y Víctor Medina; el Acuerdo y Sentencia N° 61 del 24 de septiembre de 2021 dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala; y el Acuerdo y Sentencia N° 718 dictado por la propia Sala Penal del máximo tribunal.
Argumentos de la defensa de Víctor Bogado
La defensa fundamenta que la resolución atacada de inconstitucional parece una réplica de las mismas arbitrariedades y pronunciamientos atentatorios contra las disposiciones legales y constitucionales que se han repetido en forma desaprensiva e indisimulada durante la tramitación de la presente causa penal, según señala en el escrito.
Agrega que los argumentos vertidos por el ministro Manuel Ramírez Candia son una “demostración reiterada de su absoluta confusión sobre lo que debe ser materia del análisis de admisibilidad, concluye declarando inadmisible la acción luego de señalar la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la acción instaurada”.
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“Todo el proceso penal y fundamentalmente el juicio oral y público fue acompañado de una inmisericorde campaña del Diario ABC Color que destinó incontables titulares de tapa y artículos de prensa en los que identificaban el caso como el de “niñera de oro”, presentándome como verdadero culpable de los hechos que se me estaban atribuyendo”, resalta parte de la argumentación del exsenador cartista en la acción promovida.
Según Bogado, esa “práctica violatoria del principio de presunción de inocencia” viene siendo ejercida por nuestro diario, “sometiendo a las personas a un verdadero juicio de culpabilidad ante la opinión pública y así lograr presionar a jueces y fiscales” que intervinieron en el presente proceso penal.
Debe donar G. 480 millones a diez entidades de beneficencia
El 3 de mayo de 2019, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elio Ovelar, Juan C. Zárate (con votos por la condena) y Víctor Medina (voto en disidencia por la absolución), declaró culpable a Bogado por el delito de cobro indebido de honorarios y le condenó a 1 año de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
El 24 de setiembre de 2019, la Cámara de Apelaciones, integrada con los camaristas Pedro Mayor, Cristóbal Sánchez y Mirtha González, por unanimidad, confirmó la condena de Bogado, quien debe pagar la suma de G. 480 millones a 10 entidades de beneficencia.
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El fallo de primera instancia condenó a Víctor Bogado como cómplice del hecho punible de cobro indebido de honorarios, a la pena privativa de libertad de un año, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena. La Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia ratificaron la sentencia.
A cambio de la suspensión de la ejecución de la condena, el exsenador colorado debe donar G. 20 millones de forma mensual, por el plazo de 2 años, a diez instituciones de beneficencia. El exparlamentario ya ha planteado múltiples chicanas para dilatar el cumplimiento de su condena.