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Este viernes 25 de marzo, la esposa de Santiago Leguizamón, Ani Morra, y su hijo Dante Leguizamón darán su declaración testifical en audiencia telemática ante la Corte IDH, organismo con sede en San José de Costa Rica y que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con los datos, hasta este jueves 24 tiene tiempo de presentar pruebas testimoniales y documentales.
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La Corte IDH deberá definir las medidas de reparación que tendrá que acatar el Estado paraguayo con el fin de dar justicia, luego de 31 años, del cobarde ataque de sicarios que acabaron con la vida del comunicador.
El entonces corresponsal del diario Noticias en Amambay y de radio Mburucuyá, nacido en Villa Hayes el 26 de marzo de 1950, fue asesinado por la mafia fronteriza el mediodía del 26 de abril (Día del Periodista). Leguizamón era conocido por su reportajes sobre el contrabando, narcotráfico y lavado de dinero. En su labor recibió múltiples amenazas de muerte.
El Estado se allanó
El 13 de febrero del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó el caso a la Corte IDH. Por su parte el Estado paraguayo se allanó a la demanda. Lo anunció el presidente Mario Abdo Benítez en su cuenta de Twitter el 18 de agosto del 2021.
En su momento, la CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado, entre ellas, una investigación completa del asesinato, la cooperación del Estado de Brasil para que Paraguay investigue y sancione, o en su caso que Paraguay colabore con el Estado de Brasil para que se realice una investigación.
Según el hijo de Santiago, Dante Leguizamón, el Estado paraguayo demostró desinterés en investigar y hallar a los culpables de la muerte de su padre asesinado el 26 de abril de 1991.
El año pasado prescribió el crimen de Leguizamón. El principal sospechoso, aún con vida, sigue prófugo: João Francisco Araulho (alias Tiro Certo). Irónicamente, el caso fue esclarecido por la justicia brasileña, mientras que la Policía paraguaya no elevó informe de rigor.
El proceso
El 19 enero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la cual alegó la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por presuntas violaciones de derechos consagrados en la Convención Americana de DD.HH. El 22 de octubre de 2015, la viuda de Santiago, Ana María Morra, solicitó a la CIDH continuar con el proceso, desestimando la posibilidad de un acuerdo amistoso. El 15 de abril de 2016, la CIDH admitió el caso. El 13 de febrero de 2021, la CIDH solicitó el juicio ante la Corte IDH.