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A mediados de febrero, el presidente de la República Mario Abdo Benítez firmó los decretos de relevo de tres de los cinco integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar): José Antonio Ortiz Báez, presidente y representante del Ministerio de Hacienda, fue reemplazado por María Galván, quien se desempeñaba como su asesora jurídica en la comisión; Carmen Alonso, representante y titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), por Eladio César Romero Roa, su asesor jurídico en la citada institución, y Omar Mongelós González, representante del Ministerio del Interior, por Alma Muhr Riera, que se desempeña como directora de Transparencia de esta cartera.
Siguen como miembros de la comisión, Ricardo Núñez, representante de Municipios, y Rubén Rousillón, de Gobernaciones.
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Desde que asumió la presidencia interina, se intentó entrevistar a Galván en reiteradas ocasiones. Sin embargo, hasta el momento no respondió llamadas ni mensajes, tampoco recibió a los periodistas en su oficina, una actitud que permite una sola interpretarción que, la nueva responsable, por cierto aún provisional, de la reguladora estatal de juegos de azar evita informar a la ciudadanía de sus planes para reencauzar el accionar de este organismo.
Galván asesoró en cuestiones jurídicas a la Comisión cuando se adjudicó de la quiniela a una firma que sería morosa del fisco, justificó ante la prensa la contratación directa de una firma para la “legalización” del juego de tragamonedas en sitios prohibidos y avaló la reducción del 50% del canon a las concesionarias, en plena pandemia, medida que impactó en la recaudación de la Diben.
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Las tres decisiones son investigadas por la fiscala Estefanía González, quien dijo que basada en reportes oficiales imputó a ocho personas, hoy procesadas.
Pese a los documentos, Conajzar mantiene vigente los contratos de la explotadora de la quiniela, representado por Álvaro Wasmosy, y de la “legaización” de tragamonedas, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, conforme con reportes de fuentes consultadas.
Sin reporte de recaudación
En el portal de Conajzar no se informa sobre su recaudación de este este año, hecho que viola la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental y la N° 1535/1999 “De Administración Financiera”, que es parte integrante del Decreto N° 2991/19 de Rendición de Cuentas, firmado por Abdo Benítez con el objetivo de transparentar la administración financiera.
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El documento presidencial argumenta que es un instrumento de referencia es para prevenir la corrupción, establecer un mecanismo de diálogo con la ciudadanía y de aplicación de sanciones.
Los decretos de nuevas autoridades sí están en la web. No así la recaudación.
