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Los letrados Andrés Casati y Arturo Daniel, representantes del exanimador de fiestas Hugo Javier González, más conocido como el locutor Nº 2, presentaron un recurso de apelación general contra la última resolución el Tribunal de Alzada, de fecha 9 de marzo de este año, mediante la cual se confirma la imputación del administrador departamental, el cartista Hugo Javier González.
Los defensores solicitaron la nulidad absoluta del proceso penal, recurso que fue declarado inoficioso por los magistrados Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Andrea Vera, quienes ratificaron dicho proceso. Con esta nueva decisión, la jueza María Elena Cañete, del Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de San Lorenzo, tiene vía libre para fijar fecha de la audiencia de imposición de medidas para Hugo Javier.
El Tribunal de Alzada señaló que los mecanismos ordinarios de impugnación “no tienen opción para una tercera instancia, como pretende el recurrente, esencialmente por la inexistencia de un mecanismo de tramitación, lo que impide su tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia”.
Innumerables chicanas fueron interpuestas por la defensa del “Nº 2″ para evitar la audiencia de imposición de medidas, que lleva un retraso de casi cinco meses. El administrador departamental Hugo Javier González y otras 14 personas fueron imputados el 1 de noviembre de 2021, por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Luis Said investigan la ejecución de US $1 millón (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020, para generar fuentes de trabajo durante la pandemia del covid-19.
Hugo Javier repartió el dinero a dos entidades “sin fines de lucro” como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo presidente Tadeo Álvarez, imputado en la causa, recibió un desembolso de G. 5.105 millones para realizar obras de infraestructura. Todas las obras fueron fiscalizadas por la Contraloría General de la República (CGR) y la ejecución de las mismas está plagada de irregularidades.
El doctor Hugo Cabrera, en representación del Consejo Regional de Salud, también fue beneficiado con G. 1.276 millones. El galeno asegura que compró equipos y mobiliarios hospitalarios de una metalúrgica donde se fabrica y repara carrocerías para camiones de gran porte. Una auditoría hecha por la CGR confirmó la adquisición por un monto de G. 593 millones y además confirmó que la ONG entregó mobiliarios de pésima calidad a los hospitales.
En la rendición de cuentas de Hugo Javier y de Tadeo Álvarez aparecen diferentes y groseras anomalías como facturas clonadas, anuladas, empresas fantasmas, pagos por obras hechas con otros fondos, entre otros, tratando de desviar la atención y el conocimientos de las diferentes instituciones que investigan el caso como el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Contraloría.