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Los gremios empresariales se pronunciaron ante la propuesta del Ejecutivo de crear un fondo para “estabilizar” el precio de combustibles, que no es otra cosa que subsidiar el valor del producto. Los representantes coincidieron en expresar su temor acerca de que esta medida sea la excusa para más solicitudes de subsidios, obligaciones que el Estado no está en condiciones de soportar debido a su déficit fiscal (que este año estaría en torno al 3%, según el PGN), y considerando que más créditos significaría superar nuestro actual tasa de 35% de endeudamiento. O bien, podría significar aumento de impuestos.
La Cámara de Anunciantes del Paraguaya (CAP), presidida por Patricia Toyotoshi, dijo que no comparte la idea de implementación de “soluciones” que impliquen contraer, por parte del el Estado, nuevas deudas, “cuyos pagos, en definitiva, deberán ser soportados por todos los ciudadanos y por generaciones futuras”.
En ese sentido, sugirió que se instale una mesa diálogo entre todos los sectores del país y buscar soluciones alternativas “que no impliquen contratación de nuevos empréstitos por parte del Estado pero que permitan paliar la delicada situación, que esperamos sea meramente coyuntural”.
Por otra parte, el gremio lamentó que sea vulnerado el derecho de libre circulación en las rutas y avenidas del país, por lo que instó al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez a “cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución Nacional“.
Combustible: no se puede intervenir el precio
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) aseguró que el Gobierno no puede intervenir cada vez que el precio del petróleo -que se fija internacionalmente- aumenta, para mantener internamente el precio de los combustibles. “En la medida que un Gobierno abre el camino a más subsidios -bajo amenazas o por cortes de rutas-, necesariamente se traduce en aumento de los impuestos vigentes o en creación de otros, para hacer frente a los nuevos compromisos financieros que asume, y a los gastos públicos”, analizó la vocera de gremio, Sandra Noguera.
Noguera recordó que este año, en particular, es más sensible la economía de todo el país en general pero de los sectores agroganadero, forestal y energía, en particular, golpeados por la sequía, puesto que que se vieron afectados el 60% de la producción y la navegabilidad en los ríos, que derivó en un aumento de costos logísticos. “Van a dejar de ingresar entre US$ 3.000 a US$ 3.500 millones de divisas al país, en el que la inflación seguiría aumentando, en el que está comprometido nuestro comercio exterior por los problemas de navegabilidad de los ríos”, dijo.
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No más préstamos, sí racionalizar gastos
Cappro recalcó su postura de rechazar que el fondo sea mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y propuso que el presidente se enfoque en la tarea pendiente de restructuración del Estado y racionalización de los gastos, y de esta manera, “no verse forzado a recurrir a un nuevo préstamo, que en definitiva terminaremos pagando los mismos de siempre: las personas y empresas formales”, expresó.
“Es momento también de que el Gobierno ponga su mirada en la economía informal y en los que trabajan de esa manera, estamos seguros que la recaudación se verá incrementada considerablemente, como también el descontento popular de quienes viven al margen de la ley”, dijo. Seguidamente, se preguntó, si nos importa más el bien del Paraguay o los votos de quiénes están al margen de la ley.
Contrabando que golpea economía formal
Los gremios empresariales retiraron su apoyo al Ejecutivo ante la falta de resultados en la lucha anticontrabando en los últimos meses, pero la indignación generalizada se hizo sentir al descubrirse imágenes de un circuito cerrado en las cuales se aprecian a funcionarios públicos colaborando con contrabandistas cuando su función es impedir que ingresen productos de manera ilegal. Por este motivo, pidieron las “cabezas” del comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, y el ministro Emilio Fúster.
Hasta ahora no hay respuesta.
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La Cappro estima que el 30% del consumo de aceites y grasas vegetales del país es de contrabando, conforme a un análisis del gremio. El 95% de la producción exporta y sólo el 5% queda para consumo local, con esto, se evidencia la dificultad para vender en el país, acotó Noguera.
