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La Cámara de Senadores convocó ayer a una sesión extraordinaria para tratar hoy el proyecto de ley que busca crear el Fondo de Estabilización de precios de los Combustibles (Fondecpy). Con la normativa se busca subsidiar los precios a 15 distribuidoras de carburantes, que no se sabe ni qué cantidad de productos importan ni qué emblemas son. Tampoco se sabe cómo se controlará la utilización de los recursos que destinará el Estado en este fondo.
Según el borrador del proyecto de ley al cual accedió ayer nuestro diario, para subsidiar los combustibles (diésel común y nafta de 93 octanos) se creará un fideicomiso, con un aporte inicial de US$ 100 millones por parte del Estado, que se financiará con un préstamo de libre disponibilidad del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Si bien este fideicomiso –del cual saldrán los recursos que se desembolsarán a las distribuidoras de combustibles– debe “autofinanciarse”, amortizando y cancelando las obligaciones derivadas de la contratación de empréstitos previstos para la creación del fondo, también habilita al Estado a proporcionar mayores recursos públicos al fondo.
En este sentido, la normativa señala textualmente que adicionalmente al aporte inicial de US$ 100 millones por parte del Estado, el patrimonio del fideicomiso “podrá incrementarse con otros recursos provenientes de la contratación de empréstitos, donaciones, otras asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda u otras fuentes de financiamiento debidamente autorizadas en el marco legal vigente o por leyes especiales”. Es decir, se da una libertad a Hacienda para brindar mayores recursos al fondo de estabilización, lo que podría causar un mayor endeudamiento.
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Fondo se podrá autofinanciar en el futuro con el ISC
La normativa también prevé que parte de las recaudaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que grava la importación y la comercialización de los combustibles derivados del petróleo, también vaya al fideicomiso que financiará este fondo para lograr en el futuro la “autofinanciación”.
Sin embargo, esto recién se podrá lograr cuando bajen los precios internacionales y cuando se puedan aumentar las bases imponibles de este tributo, por lo que en este momento el 100% del subsidio saldrá de recursos estatales. Es más, actualmente, por los altos precios internacionales, los porcentajes gravados del ISC fueron reducidos a los importadores, con lo cual se redujo el precio del diésel común en febrero último.
¿Cómo funcionará el fondo?
De acuerdo con el proyecto de ley, las bases para el cálculo del costo total de importación y el precio de facturación para el pago del subsidio serán determinados por el Poder Ejecutivo, tomando como base referencial la estructura de costos de Petropar, lo cual se establecerá recién en la reglamentación de la ley, en caso de que se apruebe.
Según la normativa, el precio de facturación se determinará considerando la cotización de venta al público descontando el porcentaje de margen de bonificación para la comercialización de los combustibles a las empresas distribuidoras y estaciones de servicios.
“Cuando el costo total de importación calculado para los combustibles priorizados estuviere por encima del precio de facturación, la diferencia será financiada con los recursos del Fondecpy. De esta manera, el mecanismo propuesto contribuirá a estabilizar el precio de los combustibles a los consumidores finales durante el periodo de cobertura”, señala el proyecto de ley.
En cambio, agrega, que si el costo total de importación fuere menor al precio de facturación, el Poder Ejecutivo aumentará las bases imponibles del ISC, con la finalidad de destinar un porcentaje de dichos recursos tributarios al Fondecpy para mantener su capacidad económica y de “autofinanciamiento”.
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El origen de los US$ 100 millones
Los US$ 100 millones que serán destinados para capitalizar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en Paraguay (Fondecpy), provienen de un préstamo total de US$ 300 millones, que fue aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), según las autoridades del Ministerio de Hacienda. También está en el Congreso desde 2020, otro crédito por US$ 300 millones denominado de línea contingente.
El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, dijo a ABC que el directorio de CAF aprobó el año pasado el referido préstamo y explicó, que para su utilización fue dividido de la siguiente manera: US$ 100 millones para el Fondo de Estabilización y US$ 200 millones para cubrir la parte del Presupuesto General de la Nación que está desfinanciada.
El pedido de aprobación de los primeros US$ 100 millones ya está a consideración del Congreso, como parte del proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización, que se pretende implementar lo antes posible, para atenuar tanto las subas como las bajas del precio de los carburantes (diésel tipo 3 y nafta 93 octanos).
El mensaje del Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley asegura que estos recursos se enmarca en lo establecido por la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal y dentro de los límites de sostenibilidad fiscal aprobados para el presente ejercicio (el presupuesto contempla un déficit del 3% del PIB).
Sostiene que dichos recursos serán destinados en concepto de inversión financiera, a un “Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago para la Estabilización del Precio de los Combustibles Derivados del Petróleo”, en donde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, adoptará el carácter de fideicomitente y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), actuará en carácter de Fiduciario.
“Este fideicomiso deberá autofinanciarse, y se encargará de amortizar y cancelar las obligaciones derivadas de la contratación de empréstitos, así como de realizar los desembolsos para la operatividad del Fondecpy y el financiamiento de las medidas transitorias de contingencia”, añade el mensaje. En lo que respecta a los US$ 200 millones que cubrirán el presupuesto desfinanciado, Haas indicó que US$ 100 millones serán para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y US$ 100 millones para el Ministerio de Salud Pública.