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Los diputados definen hoy si salvan o no por segunda vez a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada por mal desempeño de funciones. Al menos 13 causales graves de destitución pesa sobre su gestión relacionadas al crimen organizado e impunidad en los casos del asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, la obra fallida del metrobús y otras más.
Hasta ayer los diputados que impulsan la destitución de Quiñónez aseguraban reunir 47 votos a favor del juicio político. Les faltarían siete para reunir los dos tercios que se requieren (53 de 80). Les faltan entre seis y siete votos de diputados que responden a los liderazgos del senador Blas Llano (PLRA) y del expulsado senador Dionisio Amarilla (PLRA).
Si bien, el oficialismo asegura los votos de la bancada desconocen de los “arreglos” que se pudieron dar con los diputados oficialistas que cuentan con procesos, entre ellos: Esteban Samaniego, Miguel Cuevas, Luis Urbieta, Ever Noguera y Tomás Rivas, éste último fue “acorralado” en la sesión pasada por los diputados cartistas David Rivas, representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada cartista.
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Por otro lado, se menciona como otro elemento de presión la denuncia del cartismo contra el hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, el comandante de la Armada Paraguaya, el Almirante Carlos Velázquez, quien estaría presuntamente vinculado al contrabando. A esto se suma el pedido de varios gremios de empresarios que exigieron la salida de Carlos Velázquez por la falta de respuestas en la lucha contra el contrabando.
En medio de la ola de rumores se menciona que la oposición estaría supuestamente negociando un cupo en el JEM para la diputada Rocío Vallejo (PQ). El oficialismo había planteado que dicho cargo sea ocupado por el diputado Juan Acosta (ANR), pero la intención no prosperó.
La definición
Otros diputados impulsores del juicio político llaman la atención sobre la premura para tratar el juicio político a sabiendas de que no se reúnen los 53 votos. Hablan de una especie de salvataje a Quiñónez y que sea el pleno el que defina de una vez quienes son los que blindan o no a la fiscala general.
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El compromiso
El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) indicó que el Paraguay necesita del compromiso de todos, en especial de los parlamentarios. Afirmó que no se dejarán amilanar por las presiones y la coacción, que fue denunciada la semana pasada por la Directora de Comunicaciones de la Fiscalía Élida Favole, leal a Quiñónez.
En el 2020 la Cámara de Diputados archivó el pedido de juicio político contra la fiscala. Sólo 18 diputados votaron a favor y 58 en contra. En este último grupo estaban cartistas, oficialistas, llanistas y dionisistas.
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Dictamen en mayoría
La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC), recomendó en mayoría rechazar y en minoría aprobar el pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada por mal desempeño de funciones. Dictaminaron por el rechazo los cartistas: Además de Maidana, Cristina Villalba, Walter Harms y Rocío Abed. Mientras que dictaminaron a favor del juicio político la diputada Rocío Vallejo (PPQ) y el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA).