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Con 55 votos en contra y ni uno a favor, la Cámara Baja rechazó en su sesión ordinaria la iniciativa legislativa “que establece los parámetros actualizados para la determinación del precio del pasaje del transporte público de pasajeros del área metropolitana”.
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El diputado Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) expuso el dictamen en contra de la comisión de Asuntos Económico, considerando serios presuntos errores de forma en las disposiciones del proyecto de Ley.
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“Este es un pequeño proyecto de Ley que consta de cuatro artículos, donde el articulo 2 nos explica como calcular el pasaje y en el artículo 3 pone un límite, o sea un artículo se contrapone al otro. (...) Obliga a cómo realizar el cálculo del pasaje del transporte público y el punto 3 coloca un límite que está por encima de ese propio cálculo. Entonces, en vista de esa incoherencia de este proyecto de Ley, la comisión ha resuelto proponer al pleno el rechazo de este proyecto”, consideró Zacarías.
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La propuesta establece en su artículo 2 que el precio se fijará en base a los datos del billetaje electrónico y otros datos objetivos, sin embargo, luego pone un tope del el 3% del jornal mínimo legal vigente para el servicio convencional y el 3,3%, para el servicio diferencial, lo cual a criterio de los legisladores es contradictorio.
Si bien la bancada cartista propuso aprobar con modificaciones, luego se allanaron al rechazo. “Nosotros consideramos que esto fue diseñado en algún momento de necesidad de hacer algún marketing político y de nuevo generar una falsa expectativa”, acusó el diputado Tadeo Rojas (ANR, cartista), antes de comunicar la adhesión de Honor Colorado al rechazo.
Otra que cuestionó duramente la propuesta fue la diputada Kattya González (PEN), que cuestionó que el proyecto ni siquiera tenía justificación. “Está mal planteado esto. Cómo es que vamos a establecer nosotros aspectos técnicos, esto no tiene ni fundamentación de motivos no tiene. Donde está el análisis de que acá esto se puede determinar que está correcto”, cuestionó.
“No podemos por ley estar estableciendo parámetros que pueden significar un perjuicio mayor o el enriquecimiento de empresas del transporte público, a través de una ley monitoreada para ese efecto”, criticó González y dijo que más adelante plantearán una propuesta más concreta y que ataque los problemas de fondo.
Consideró por ejemplo obligar a que las binacionales inviertan en transportes públicos eléctricos como inversión social y agregó incluso que si el Viceministerio de Transporte no sirve para regular al sector, es mejor eliminarlo.
“Si no está cumpliendo el viceministerio con su rol, pues eliminemos el viceministerio del Transporte. Nosotros necesitamos pensar en grandes soluciones para la movilidad urbana”, dijo y consideró casos positivos como el de Chile.
“Acá la solución es cómo hizo Chile por ejemplo, apostar a los buses eléctricos y de paso matamos dos pájaros de un tiro, el combustible que está por las nubes y que impacta directamente en el precio del pasaje y aparte de eso, solucionamos la escasez de transporte público”, apuntó.
Con este rotundo rechazo, la iniciativa vuelve al Senado.