Cargando...
Sandra Noguera, representante de Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), indicó que un análisis realizado por el gremio el año pasado ponía reportó que en Paraguay se consumían al mes 7.700 toneladas de aceites y grasas vegetales, de las cuales unas 2.200 toneladas, un 30%, eran de origen dudoso, ya que no eran importadas legalmente ni vendidas por las industrias nacionales. “Se había reducido durante los primeros meses de la pandemia, con el cierre de la frontera”, sostuvo.
Añadió que el contrabando aumentó significativamente, en comparación a la información que manejaba, y estimó que se agrava por la coyuntura regional y que “lastimosamente, las medidas correctivas adoptadas por el Gobierno no demostraron ser efectivas”.
Indicó que para combatir el flagelo no es suficiente un cambio de “cabezas” de las autoridades anticontrabando, sino que es necesario aplicar nuevas estrategias.
Lea más: En vez de combatir el contrabando, Armada cede su terreno para el turismo
En cuanto a las ventas, señaló que el mercado interno representa el 5% de la producción, y el resto, se exporta. “Refleja la dificultad que enfrentan las industrias para comercializar aceites y grasas vegetales a causa de la competencia desleal generada por el contrabando y la informalidad”, opinó.
Industria golpeada
El gremio integra 10 empresas industriales que procesan oleaginosas para la obtención de la harina, cascarilla de soja y aceite crudo y refinado, empleando a 8.800 personas. En 2021, procesó 2.796.026 millones de toneladas de granos, el 66% de la capacidad de la industria y el menor porcentaje registrado desde 2013, informó Noguera. “La expectativa para el 2022 es que el indicador volvería a caer, debido a la menor disponibilidad de materia prima a causa de la cosecha (afectada por la sequía”, dijo.
Sólo se cuenta con el 60% de la materia prima en el país este año, y así, surge el riesgo de desabastecimiento a la industria aceitera, que ya viene afectado por tercer año consecutivo. Por ello, el gremio solicita al Ejecutivo flexibilizar el régimen aduanero para importar soja y que toda la demanda de aceites refinados sea cubierta por la industria nacional.
Además, pide políticas públicas que consolide al sector agroindustrial, destacando que genera divisas.