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Juan Manuel Ledesma es el fiscal asignado para investigar al diputado cartista Erico Galeano Segovia, luego de la remisión de un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre sospechosas operaciones financieras del citado legislador colorado.
El documento de la Seprelad fue elaborado con base en las apariciones del nombre de Erico Galeano en la operación “A Ultranza Py”. A través de este operativo iniciado el 22 de febrero pasado se logró desbaratar una de las redes narco más grande que operaba en nuestro país.
La primera coincidencia con el legislador involucra al supuesto cabecilla de la red narco, Sebastián Enrique Marset. Este último a pesar de no tener antecedentes públicos como jugador de fútbol profesional logró ser fichado por el Deportivo Capiatá en el año 2021.
Para sorpresa, el expresidente y único aportante de esa entidad deportiva es el diputado Erico Galeano Segovia. Los actuales dirigentes del club mediante una conferencia de prensa deslindaron responsabilidad sobre las actuaciones de su exjugador número 10.
Sin embargo, esta no fue la única vez que apareció salpicado el legislador en el marco del operativo antidrogas. El 26 de febrero pasado durante un allanamiento realizado en la urbanización Aqua Village, de Altos (Cordillera), se encontró una factura de la ANDE a nombre de Erico Galeano Segovia.
Y para más coincidencia es que la lujosa vivienda intervenida era del diputado, pero fue vendida a Hugo González, uno de los imputados por presunto lavado de dinero y narcotráfico.
El legislador, a través de sus abogados, dijo que el inmueble vendió en octubre de 2020 por US$ 1.000.000 (alrededor de G. 7.000 millones al cambio actual). Sin embargo, no pudo explicar por qué dicha propiedad no aparecía en un primer momento en su declaración jurada y cómo hizo para contactar con el supuesto comprador e integrante de la presunta red narco.
Conocido por congelar
A pesar de todos los indicios mencionados anteriormente y de la gravedad, curiosamente, la causa del legislador está a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Más curioso es que el agente asignado es conocido por su nulo avance en sonados casos y su actuación dual en ocasiones.
Para ejemplo están procesos abiertos contra políticos que pese al rosario de pruebas no existe ni imputación. Uno de ellos es el intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, que fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lesión de confianza y estafa. El intendente habría comprado insumos de limpieza, kits de alimentos y otros en plena pandemia del covid a precios supuestamente sobrefacturados.
El otro con proceso abierto por Ledesma y sin avance es el imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Es el marco de la investigación del presunto mal uso de G. 18.345 millones del rubro 800, en 2019 y 2020.
Las intervenciones del fiscal no pasaron de un pomposo allanamiento en la sede de la gobernación.
En el último caso que involucra al exministro Arnaldo Giuzzio, sin embargo fue muy “diligente”.
Otros cajoneados por el agente
El fiscal Ledesma también tiene otros casos cajoneados y que involucran a políticos. Están la intendenta de Ybycuí y presidenta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), María del Carmen Benítez (ANR, recientemente oficialista), denunciada por supuesto daño patrimonial y lesión de confianza; el senador oficialista Ramón Retamozo, investigado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros cuando era titular de Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y el intendente de Ciudad de Este, Miguel Prieto (indep.) denunciado por presunta lesión de confianza, falsificación de documentos y otros.
Sospechosas operaciones
El análisis de Seprelad a partir de las apariciones del nombre del diputado cartista Erico Galeano Segovia en la operación “A Ultranza Py” permitió encontrar varias operaciones llamativas y que no tuvieron el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), según el informe. Uno de los movimientos más resaltantes es una transferencia de US$ 2.250.000 (alrededor de G. 15.000 millones a la cotización actual) al expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Manuel Cartes Jara.
La transferencia se realizó el 12 de marzo de 2021, sin que exista antecedentes de una sola alerta de las entidades financieras involucradas, pese a que tanto Galeano como Cartes son Personas Expuestas Políticamente (PEP) y debe existir notificaciones, según establecen manuales internacionales para prevención del lavado de dinero.
El legislador días atrás en su defensa señaló que la transferencia lo realizó a cuenta de un préstamo que tenía con el exmandatario. Sin embargo, según el informe de Seprelad, no registra depósitos de la considerable cifra en los últimos años.
La verificación sí encontró movimientos millonarios en cuanto a préstamos obtenidos por el diputado cartista con la Cooperativa Capiatá. Según los registros, consiguió en un periodo de seis años más de G. 40.817 millones (alrededor de US$ 6.000.000) en forma global de la entidad.
Lo llamativo es que los créditos se cancelaban en escasos meses, pese a que los plazos eran superiores. La última deuda de Erico Galeano con la Cooperativa por G. 10.000 millones es del 22 de febrero pasado, mismo día en que comenzaba “A Ultranza Py”. Entonces, puso de garantía el estadio del Deportivo Capiatá, valuado en más de US$ 10 millones.
Vínculos con un condenado
El informe de Seprelad igualmente evidencia que varias entidades bancarias emitieron, en los años 2014, 2016, 2017 y 2018, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del diputado cartista Erico Galeano Segovia en carácter de persona relacionada con Mercury Tabacos SA, considerando que el legislador colorado cuenta con el 1% del total de las acciones en dicha firma.
Uno de los ROS dice que a través de la debida diligencia ampliada se constató la existencia de información negativa con relación al beneficiario final, llamado Rubens Catenacci (+), principal accionista de Toscanas del Paraguay SA a su vez accionista mayoritario de Mercury Tabacos SA, con el 80% del total de las acciones.
Catenacci fue condenado el 15 de diciembre de 2008 a nueve años y ocho meses de prisión en el Brasil, en régimen cerrado en el marco de la operación Banestado. Este último, según las publicaciones periodísticas del Brasil de entonces, era el propietario y controlador de Casa de Cambios Imperial SRL, que habría sido utilizada en Brasil para enviar fraudulentamente R$ 587 millones a otros países. Según la denuncia, esas cuentas eran utilizadas para transferencias internacionales en el mercado negro de divisas de Brasil, dice el reporte informativo de la época.
Sin embargo, Catenacci a través de sus abogados había presentado un habeas corpus ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en el cual solicitaba la anulación de todo proceso debido a la supuesta parcialidad del juez que lo condenó. La medida era contra el exjuez Sergio Moro, que también llevó adelante el recordado caso de “Lava Jato”.
Los ROS sobre Erico y su relación con Catenacci superaron los US$ 21 millones, entre 2008 y 2017, según el informe de Seprelad remitido al Ministerio Público.