“Tapabocas de oro”: acción pendiente en la Corte vuelve a suspender preliminar

Para esta mañana estaba prevista la audiencia preliminar por el negociado con los “tapabocas de oro” en la Dinac, pero la diligencia no se realizará debido a una apelación planteada por una de las defensas. El principal procesado en la causa es el extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard.

El extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, es uno de los acusados por el caso "tapabocas de oro".
El extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, es uno de los acusados por el caso "tapabocas de oro".Foto Gentileza

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El juez de Garantías Miguel Ángel Palacios había convocado para hoy, a las 8:30, la audiencia preliminar para los siete acusados por la supuesta compra de los “tapabocas de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Sin embargo, el acusado Fernando Gallardo de Brix, bajo patrocinio de los abogados Rodrigo Yódice y Arturo Daniel, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la convocatoria a audiencia preliminar, alegando que hasta ahora la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resolvió una acción de inconstitucionalidad que, según la defensa, podría poner fin al presente proceso penal.

La audiencia de reposición se sustanció ayer, el Juzgado de Garantías rechazó la chicana planteada por la defensa y remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal estudie la apelación subsidiaria que interpuso la defensa.

La última vez que se intentó realizar la diligencia, en la que el Juzgado debe resolver si eleva la causa a juicio oral y público como pide la fiscalía, fue el 30 de diciembre de 2021. El motivo fue que el secretario de la Sala Constitucional del máximo tribunal, Julio Pavón, solicitó al Juzgado el expediente atendiendo que dicho órgano dio trámite a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Gallardo de Brix,.

Aseguran que el perjuicio por “tapabocas de oro” ya fue reparado

La acción de inconstitucionalidad fue promovida contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el rechazo a la excepción de falta de acción, que fue presentada contra la continuidad del presente proceso penal, alegando que el presunto daño patrimonial ocasionado a la Dinac ya fue reparado integralmente.

La defensa de Gallardo de Brix fundamenta que, según la acusación de los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma, el perjuicio causado a la Dinac oscila los G. 59 millones y que el daño ya fue reparado inclusive por un monto superior, teniendo en cuenta que devolvieron al Estado cerca de G. 120 millones, que es el monto total de la operación.

A criterio de los abogados Rodrigo Yódice y Arturo Daniel “ya no tiene sentido seguir con el proceso”, porque ya no se puede hablar de lesión de confianza cuando el monto del supuesto perjuicio ya fue reparado, según fundamentaron.

Los acusados en la causa son el extitular de la Dinac Édgar Melgarejo, el excoordinador de Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar González, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la exgerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez, el exdirector financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global SA” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.

Primer escándalo por corrupción en plena pandemia

Según la hipótesis de los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.

La acusación fiscal señala que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30 h en oficinas de la Dinac.

El perjuicio patrimonial estimado por la Fiscalía es de G. 119.960.000. “Las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y además las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”, destaca la acusación.

En caso que la Sala Constitucional haga lugar a la acción planteada por la defensa de Gallardo de Brix, los acusados serán blanqueados y el primero de los escándalos de corrupción ocurridos durante la pandemia por el covid 19 quedará en el oparei.

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