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En la nueva mayoría que logró la semana pasado elegir nueva mesa directiva en Diputados, con 50 legisladores dando quorum (dos de ellos se abstuvieron en la votación, pero estuvieron presentes), hay varios liberales “indecisos” o más bien tendientes a no acompañar el juicio político a Sandra Quiñónez.
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El llanismo (Bancada B) hace tiempo está jugado a favor de salvar a la fiscala general del Estado, aunque la votación en la que se eligió a su correligionario Carlos María López (PLRA, bancada A) los dividió, dejando posibilidad de que algunos votos puedan rescatarse.
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Los votos duros a favor de Quiñónez en dicha bancada son los de Enrique Mineur y Édgar Ortiz, a los que se sumarían en la misma tendencia los otros ausentes en la sesión del jueves pasado: María de las Nieves López y Marcelo Salinas.
En la bancada C, de sus 8 integrantes, al menos 5 estarían indecisos, más tendientes a no acompañar el libelo acusatorio. Puntualmente, Carlos Silva, Esmérita Sánchez, Roya Torres, Andrés Rojas Feris y Juan Ayala Acevedo.
Dentro del PLRA, los mismos forman parte del movimiento del exsenador expulsado del Congreso por presunto tráfico de influencias y actual tesorero del PLRA, Dionisio Amarilla.
Según indicaron referentes de la multibancada opositora, esta semana aún no tienen confirmada la presentación del libelo acusatorio, aunque no descartan que puedan hacerlo, para darle un finiquito al tema.
Los números favorecen a Quiñónez
Incluso, en el mejor de los casos, que la totalidad de la “nueva mayoría” en Diputados vote a favor del juicio político a Sandra Quiñónez, los números no alcanzan de momento, llegando solo a 50 votos, y se requieren 53 (en el caso de que los 80 diputados estén presentes).
Con estos votos en duda y los que ya están jugados a favor de Quiñónez, la diferencia sería mayor.
El cartismo por si solo tiene 25 votos, más los votos prácticamente asegurados de los llanistas Ortiz y Mineur, logrando un total de 27.
Dentro del la bancada oficialista de la ANR, que en teoría tiene 18 integrantes, también hay varias dudas más inclinadas a estar a favor de la fiscala general.
Son los casos de Luis Urbieta, Esteban Samaniego y la recientemente incorporada Guadalupe Aveiro (reemplazo de Juan Carlos Ozorio), la cual aún ni siquiera se sabe a ciencia cierta si responde a Fuerza Republicana o a Honor Colorado.
En convención del PLRA pedirán acompañar juicio
La Convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está convocada para el próximo 13 de marzo, y según confirmó el presidente liberal, Efraín Alegre, van a plantear una vez más que se apruebe un respaldo institucional al juicio político a Sandra Quiñónez.
Si bien inicialmente la convocatoria era para la rendición de cuentas de Alegre y para la aprobación del permiso para realizar alianzas o concertación de cara a las elecciones presidenciales del 2023, hay varios temas a ser incluidos, entre ellos el plantear que enjuiciar y destituir a Quiñónez sea la postura partidaria, atendiendo a que sobre todo el llanismo defiende a la fiscala general del Estado.
Hay que recordar que el Directorio del PLRA, en febrero pasado, ya había “recomendado” a sus legisladores acompañar el juicio político a Quiñónez, remitiendo incluso notas a los parlamentarios.
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Incluso en el caso de que se apruebe en la convención, eso sería más bien un posicionamiento político, ya que existe jurisprudencia que avala a los legisladores a votar en contra de lo que le dicte el partido, como fue en el caso del intento de enmienda ilegal para permitir la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes. En dicha ocasión, justamente el llanismo se prestó al intento de violación constitucional.
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Nuevamente ahora, el senador Blas Llano, líder del movimiento Equipo Joven, que no acompaña el juicio político a Quiñónez, ya había adelantado que no cambiarán de postura por más que salga una disposición desde el PLRA.
“Le recuerdo al intento de Presidente del PLRA (Efraín Alegre), quien se jacta de ser acérrimo defensor de la Constitución Nacional, que la misma en el Art. 201 establece ‘Los Senadores y Diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos’, había indicado Llano.