Diplomáticos de la Cancillería hacen lobby contra derogación de Ley 1335

La nueva directiva de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados (ADEP) visitó a la senadora Lilian Samaniego (ANR. oficialista), propulsora de la derogación de la Ley diplomática N° 1335/99. La normativa abre puertas para el ingreso de un centenar de funcionarios al escalafón.

La nueva directiva de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados (ADEP) visitó a la senadora colorada oficialista Lilian Samaniego (c).
La nueva directiva de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados (ADEP) visitó a la senadora colorada oficialista Lilian Samaniego (c).

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La senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta recibió el viernes último a la nueva comisión directiva de la ADEP, presidida por Helena Felip, quien estuvo acompañada por los miembros de dicho gremio.

La visita se da en un contexto en el cual se reabre el debate legislativo del polémico proyecto de ley del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La iniciativa fue aprobada en el Senado a fines de diciembre pasado, con fuerte lobby de Samaniego, cuyo esposo es el cónsul en Foz de Yguazú, Jorge Coscia.

El mencionado proyecto de ley se encuentra actualmente en comisiones de la Cámara de Diputados. El titular de la Comisión de RR.EE. de la Cámara Baja, diputado Walter Harms (ANR, cartista), dijo que analizaran con detenimiento la iniciativa y agregó que también escucharán el parecer de la Cancillería nacional.

En un comunicado, la ADEP informó que en la visita a Samaniego propusieron establecer un canal de dialogo, una comunicación fluida y transparente para abordar la institucionalidad del Servicio Diplomático y Consular. En otro comunicado, emitido el 1 de marzo pasado, solicita a la Cámara de Diputados un debate profundo y participativo. Propone una audiencia pública.

El proyecto de ley cuenta con 136 artículos. Uno de los puntos más polémicos de la norma guarda relación con la habilitación al Poder Ejecutivo de incorporar “por única vez” al escalafón diplomático de funcionarios (unos 160) permanentes que cumplen funciones en la Cancillería o en el exterior, basado en la propuesta de la Junta de Calificaciones.

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