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Pese a la conformación de una nueva mayoría en Diputados, que relegó a una posición minoritaria a los principales defensores de Sandra Quiñónez, el cartismo, los mismos siguen con ventaja para frenar el juicio político, que es planteado por gran parte de la oposición.
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Los números duros de la votación por la nueva mesa directiva indican que esta “nueva mayoría” obtuvo el respaldo de 50 legisladores, mientras que el bloque minoritario apenas treinta, pero para el juicio político estos números no se traducen automáticamente en el mismo sentido. De hecho, dicha cifra tiende a ser mucho menor antes que a sumar los 3 faltantes.
Además de legisladores que no acompañan la iniciativa, hay varios oficialistas en la mira de la Fiscalía, a los cuales se podría “apretar” para hacer zafar a Quiñónez, a cambio de benevolencia.
En el caso de los diputados Miguel Cuevas y Luis Urbieta, ambos tienen procesos ya abiertos. Incluso, el último también tiene a su hermano, el exintendente de Concepción Alejandro “Tati” Urbieta imputado.
Por su parte, el caso de Esteban Samaniego se viene dilatando hace tiempo, lo que no se descarta que pueda reflotarse en cualquier momento para “disuadirlo”.
Para Ever Noguera, la situación es igualmente amenazante, ya que lo único que lo salva de estar procesado y aguardando juicio como el resto de sus coprocesados es que sus colegas le siguen manteniendo el fuero parlamentario.
Con relación al diputado Carlos Núñez Salinas, es el único que podría tratarse de una especie de “devolución de favores”, ya que hay que recordar que había sido procesado por contrabando y otros delitos, admitiendo incluso su culpa, y con ayuda del fiscal del caso, logró un acuerdo para no llegar a ser condenado.
Dicho acuerdo no solo le permitió salir campante del proceso, sino también mantener su banca, ya que en el caso de haber condena formal, hubiese implicado que también sea causal de pérdida de investidura.
Hay casos como el de Tomás Rivas, que si bien fue blanqueado en su proceso, en dicha causa le “debe el favor” al Tribunal que es el que le concedió un acuerdo para evitar la condena. En dicho caso, el fiscal se opuso y apeló la decisión de los jueces.