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El Ministerio Público fijó su mirada en la Cooperativa San Cristóbal luego de que se acusó al expresidente del directorio de dicha institución, el exdiputado imputado Juan Carlos Ozorio, de que abrió cuentas para miembros de un esquema criminal dedicado al narcotráfico.
Incluso, la Fiscalía señala en la imputación contra el exlegislador que este gestionó la apertura de cuentas para el clan Insfrán en dicha cooperativa y de ese modo permitió que los hermanos Miguel Ángel, José (pastor) y Yolanda, buscados en el marco del megaoperativo “A ultranza Py”, puedan lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, indicó esta mañana en ABC Cardinal que desconocen si la cooperativa ejecutó los reportes de operaciones sospechosas, considerando que la entidad es sujeto obligado.
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En ese sentido, señaló que verificarán si la entidad financiera, sujeto obligado ante Seprelad, reportó alguna sospecha y si se cumplieron todas las debidas diligencias establecidas en la normativa de prevención de lavado de dinero.
Debió administrar riesgo
Igualmente, Pereira aclaró que la Cooperativa San Cristóbal no puede deslindarse de responsabilidad sobre el lavado de dinero con el solo hecho de ejecutar un reporte de operaciones sospechosas. Según indicó, la entidad tiene que “administrar” de forma correcta el riesgo de las transacciones a fin de evitar que se utilice su sistema para lavar dinero.
“Puede ser que conozca la situación (lavado) y permita que se realice; eso es una tipología que se le denomina colusión (...) Puedo saber qué está pasando e igualmente el hecho de realizar un reporte de operación sospechosa no es una herramienta para deslindar responsabilidad; sí es de cumplimiento que permite investigar hechos”, sostuvo.
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El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) está ejecutando una fiscalización a la Cooperativa San Cristóbal ante las sospechas de vínculos con el narcotráfico.
Tras la imputación y detención de Ozorio, asociados de dicha cooperativa acudieron a las sedes para intentar retirar sus ahorros ante el temor de un vaciamiento de los fondos. El ex diputado colorado fue acusado por el Ministerio Público por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Se encuentra recluido en la penitenciaría de Emboscada.