Decisión del MIC sacude a gremio de confeccionistas

El MIC decidió eliminar uno de los requisitos para exportar que se tenía hasta hace poco en el rubro textil, consistente en la visación por parte de la Asociación de Industrias Confeccionistas del Paraguay (AICP), un control que realizaba el gremio para evitar que hagan pasar como producto paraguayo textiles de otros orígenes. Los confeccionistas advierten del peligro de que productos importados sean revendidos al extranjero con etiqueta de industria local, amenazando inversiones y miles de empleos.

La iniciativa asegurará el empleo de unas tres mil personas del rubro de la confección.
La industria de la confección emplea miles de personas en el país.Archivo, ABC Color

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Patricia Niella, presidenta de la Asociación de Industrias Confeccionistas del Paraguay (AICP), denunció que por terceros se enteró y de manera sorpresiva que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) decidió anular una resolución de hace treinta años con la cual se disponía que para la exportación de productos, los empresarios deben obtener una visación del gremio para contar con el Certificado de Origen de las confecciones y vestimentas.

“Esta medida pone en riesgo el arduo trabajo honesto y transparente que realizan las empresas exportadoras de textiles, incentiva la competencia desleal y perjudica la generación de mano de obra”, expresó. La representante del gremio indicó que esta decisión significa un retroceso y genera un ambiente propicio para prácticas ilegales, como lo es el cambio de etiqueta y la “triangulación”.

“Triangulación se refiere a la importación de prendas de China, Brasil u otros países, se les saca su etiqueta de origen y se les coloca como industria paraguaya, lo cual es mentira. No asume costos que sí lo hacemos nosotros y se convierte en competencia desleal y amenaza las inversiones y miles de empleos”, dijo.

Es que, según lo explicado, Paraguay como socio pequeño dentro del Mercosur tiene arancel cero en la importación de insumos y también en la exportación. De ahí que, para quienes trabajan al margen de la ley, resulte un gran negocio vender prendas chinas, por ejemplo, como si fueran paraguayas.

Cuestionó que la decisión fue unilateral, sin participación del sector. “Estamos extremadamente preocupados acerca de las consecuencias que generará al gremio la falta de garantías para la industria nacional y el sector confeccionista, así como la imposibilidad de invertir con seguridad, legalidad y transparencia de las exportaciones”, expresó.

Recalcó que se solicitó una mesa de diálogo con el Viceministerio de Comercio del MIC y todavía no obtuvo respuesta.

La propuesta de los confeccionistas es utilizar las escuelas públicas, hoy vacías, para que se constituyan en depósitos provisorios. De esta manera, los mismos pueden distribuir el stock que tienen y seguir con la producción.
En pandemia, la confeccionistas de batas hospitalarias representó una alternativa laboral para miles de familias.

Para el MIC, es respuesta al pedido de exportadores

El viceministro de Comercio del MIC, Pedro Mancuello, señaló que se recibieron reclamos por el “elevado sobrecosto” que representaba la visación de AICP para las exportaciones, y que luego de una verificación jurídica, concluyeron en la cartera que ese requisito ya no es necesario. Además, tenemos los fiscalizadores y atendemos las denuncias de colocación irregular de etiquetas, expresó el subsecretario de Estado, aunque no explicó de qué manera el ministerio podría realizar el trabajo que hasta hace poco lo garantizaba el sector privado.

Precisamente, Diego Daud, directivo de la AICP, fue tajante al asegurar que el MIC “no tiene la capacidad ni los recursos” para realizar dichos controles, no posee los equipos para verificaciones ni las herramientas necesarias. Esta decisión de la cartera echa por tierra el trabajo de décadas y la seguridad que aportan las visaciones en el comercio internacional de este rubro, según se quejó, al momento de añadir que extraña sumamente a los industriales que el MIC, que siempre fue la “casa de los industriales”, hoy ponga el riesgo la inversión de todos ellos.

La directora general de Comercio Exterior de la citada cartera, Mabel Marecos, defendió la actuación de MIC y expresó que no existe respaldo jurídico conforme a las normas vigentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “La medida permite ahorrar costos y convertir en más competitivas a nuestras empresas para sus exportaciones”, expresó.

Pablo Fernández, de la industria textil, confirmó a ABC que él solicitó la anulación de la tasa, ya que se paga a la AICP, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y al MIC. “Son tres instituciones y sólo el Estado es el que legalmente tiene la potestad de cobrarlo. Y la relación del monto es muy grande, a UIP se paga G. 40.000, mientras que a la AICP, G. 900.000″, manifestó. Añadió que esos costos se trasladan al cliente, que son del Brasil, quienes reportaron que ellos no tienen esos gastos allí, que a su criterio son ilegales y no lo deben absorber.

“Soy socio del gremio, varias veces había dicho a la comisión directiva de esta situación pero no se hizo nada”, señaló. Requerido referente a la falta de control de la colocación de etiquetas y su triangulación, respondió que el MIC ya controla mediante la Ventanilla Única de Exportación (VUE). “Mediante el sistema informático, el VUE sabe las telas que importo, mi capacidad de producción y lo que requiero para esas prendas que voy a exportar, sino, no me da el certificado de origen”, dijo.

“La recaudación no es el punto”

Luego de las declaraciones de los representantes del MIC y del citado empresario, ABC contactó nuevamente con Patricia Niella. Afirmó que “no es relevante el ingreso que tiene la AICP, me parece que es importante qué es lo que se está tramando detrás de esta resolución”, expresó. Referente a la recaudación, mencionó que es de cien millones de guaraníes al mes.

“Esos cien millones volvemos a invertir en capacitación, apoyo a las empresas y seguimiento del sistema de control, no queda en nuestros bolsillos como los políticos“, declaró.

Diego Daud agregó al respecto que el costo que se paga justifica plenamente el trabajo que se realiza desde el gremio confeccionista, sobre todo por la garantía que brinda para evitar que se exporten como prendas de origen nacional productos que en realidad son de otra procedencia, lo que a su vez es un respaldo para la seguridad jurídica del sector y un incentivo para las inversiones y la generación de empleo.

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