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Firman el escrito de denuncia los escribanos que pertenecieron a anteriores comisiones directivas del Colegio de Escribanos Stella Mary Vergara de Acuña, Sonia Patricia González Villalba, Ana María Gaona Riveros, Ana Manuela González Ramos, Roberto Wilfrido Escobar González y Ángel Francisco Alfonso Pérez, bajo el patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
Los denunciantes señalan que la actual Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay reconoció que la entidad le debe a la Corte Suprema de Justicia la suma de G. 20.178.641.416, correspondiente al periodo 1999 a 2020 en concepto de venta de materiales notariales. Según el acuerdo, la Corte debía recibir el 70% del total de la venta mencionada.
Explican que este reconocimiento de deuda se da en el marco de una demanda por rendición de cuentas interpuesta por la Corte Suprema de Justicia a la cual la actual Comisión se allanó incondicionalmente.
Los denunciantes también refieren que los integrantes de las comisiones directivas de periodos pasados no aceptaron la entrega de ningún porcentaje por la venta de materiales notariales a la Corte Suprema de Justicia en razón de que ésta no realizó ninguna inversión para la impresión, conservación y guarda segura de estos materiales, por lo que no corresponde rendir cuentas a terceros que no participan de dicha tarea. Los únicos a quienes la Comisión Directiva deben rendir cuentas son a los integrantes del Colegio de Escribanos.
Cuestionamientos de exdirectivos del Colegio de Escribanos
“Peor aún en el caso que se tenga que rendir cuentas al Poder Judicial, no corresponde aceptar deudas que se remontan a más de 10 años atrás porque las mismas ya se encuentran prescriptas conforma con lo previsto en el artículo 659 inciso e) del Código Procesal Civil. ¿Por qué no indicar dicha obligación se extinguió por el transcurso del tiempo?, ¿Por qué reconocer que se debe mucho más de lo que legalmente se puede exigir?”, dice la denuncia ante Fiscalía.
También indican: “Se debe tener en cuenta que en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia reclamó el pago de G. 13.885.594.488 correspondiente a la venta de materiales de uso notarial del año 2014 hasta diciembre de 2019. Obviamente esa intimación se realizó en razón de que -supuestamente- dicho monto sería lo exigible en ese momento. ¿Por qué entonces se acepta una deuda de casi G. 7.000.000.000 más?”.
Los denunciantes indican que con la aceptación de dicha deuda, el Colegio de Escribanos comprometió su patrimonio en contra de los intereses de los asociados; agravando la situación con la presentación de una denuncia en contra de las Comisiones anteriores que se mantuvieron en una postura jurídica beneficiosa para la entidad.
Causar un perjuicio patrimonial por quienes hayan asumido la obligación de proteger los intereses de un tercero está previsto como hecho punible de lesión de confianza, conforme prevé el artículo 192 del Código Penal.
Embargo preventivo
Asimismo, los denunciantes destacan que la aceptación de la deuda ya tuvo sus consecuencias sobre el patrimonio porque desde el 19 de noviembre de 2021 (tres días después de reconocer la deuda), el Juzgado ordenó el embargo preventivo de bienes por la suma de G. 20.178.641.416 más G. 2.017.864.142, afectando propiedades del Colegio de Escribanos del Paraguay y que son las fincas siguientes: Finca N° 180, 1655, 2848 del Distrito de La Encarnación y la finca N° 8396 de Encarnación.
Fiscales asignados
Tras la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público, el 15 de febrero pasado, fueron asignados para investigar el supuesto hecho de lesión de confianza los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas.
Néstor Coronel, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, es también el fiscal que investiga la denuncia por lesión de confianza, presentada el 10 de enero de 2022, por el actual presidente del Colegio de Escribanos Jorge Miller Donna, contra los exmiembros de comisiones directivas de este gremio.
Antecedentes del caso
La Corte Suprema de Justicia le inició una demanda de rendición de cuentas al Colegio de Escribanos del Paraguay, planteada el 13 de enero de 2021, al que reclama el pago de casi US$ 8 millones por la venta de materiales de uso notarial, que este gremio tuvo el permiso para realizar el cobro a través de una acordada de la Corte, a partir de 1999 a 2020.
Según una auditoría interna realizada por la actual Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, las anteriores directivas no realizaron ningún pago a la Corte Suprema de lo percibido por la venta de materiales de uso notarial. Es por ello que este gremio reconoce la deuda, pero desde el inicio de la demanda de rendición de cuentas, indicaron que lo que había que determinarse era el monto que se debe pagar a la Corte.
Paralelamente a la demanda civil, la actual Comisión Directiva tomó la decisión de denunciar penalmente por lesión de confianza y apropiación a los anteriores directivos del Colegio de Escribanos por causar un perjuicio a este gremio por no pagar en su momento lo percibido por la venta de materiales de uso notarial, lo que, asimismo, causó un perjuicio al Colegio al tener que despojarse de sus bienes en la demanda por rendición de cuentas entablada por la Corte Suprema de Justicia.