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La Gobernación de Central recibió del Ejecutivo en diciembre de 2020 la suma de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) para generar fuentes de trabajo para los centralinos durante la pandemia. Pero el gobernador Hugo Javier repartió todo el dinero a dos oenegés.
El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones para obras de infraestructura y el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones. En las rendiciones de cuentas aparecieron facturas clonadas, anuladas, entre otras anomalías, según informes de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), el Ministerio Público y la CGR.
Tanto Hugo Javier como otras 16 personas fueron imputados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Benevolentes con el gobernador
Un total de quince observaciones dejaron al desnudo el aparente desvío de fondos de un millón de dólares que la administración de Hugo Javier recibió del Ejecutivo.
En la primera llamada de atención se detalla que la efectivización, en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF), de un millón de dólares, fondo covid, violó varias normativas legales vigentes, pero el ente contralor sólo atinó a recomendar a las autoridades de la Gobernación de Central “implementar mecanismos a través de los cuales los desembolsos a entidades sin fines de lucro sean realizados a través de entidades bancarias a las oenegés beneficiarias a efectos de ejercer un mayor control de los fondos del Estado conforme a las disposiciones legales pertinentes”.
En otro punto, quedó confirmado que la oenegé CIAP no está habilitada para realizar obras de infraestructura y esto lo sabían el gobernador de Central, Hugo Javier, y toda su administración, ya que no fue la primera vez que la fundación recibía fondos de la institución departamental. Sin embargo, el equipo auditor le recomendó al mismo gobernador “velar por el uso razonable y responsable de los recursos, asegurando la transferencia de fondos a entidades cuyas finalidades concuerden con la contraprestación efectiva de los servicios para el cual fueron requeridos”.
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También, con suficiente documentación, se confirmó que tanto la ONG CIAP, el Consejo Regional de Salud y la misma Gobernación de Central presentaron fuera de tiempo la rendición de cuentas sobre la ejecución de G. 6.382 millones, violando varias normativas. Sin embargo, los auditores aconsejaron al gobernador Hugo Javier “implementar medidas que informen y responsabilicen a las entidades sin fines de lucro beneficiadas con transferencias de recursos, referente a la obligación de presentar la rendición de cuentas en tiempo y forma, conforme a las disposiciones legales pertinentes de manera a sensibilizar que el incumplimiento del mismo traerá como consecuencia hasta la pérdida de los desembolsos para ocasiones posteriores en casos de reincidencias”.
En la siguiente observación, quedó demostrado además que los documentos respaldatorios de la ejecución del recurso, presentados por las oenegés, no guardan relación entre el rubro de las proveedoras y el servicio proveído. Pero, los auditores solicitaron a Hugo Javier, “un control exhaustivo de los documentos que respaldan las rendiciones de cuentas presentadas por las ONG”.
También algunas facturas tenían grotescos errores, como por ejemplo que la fecha de emisión era anterior al desembolso del dinero, sin embargo, ante este caso, la Contraloría nuevamente apeló a la sensibilidad del gobernador para ejercer un mejor control sobre las facturas presentadas.
Por otro lado, se evidenció que la ONG CIAP no cuenta con varios documentos básicos que requieren la ejecución de obras de infraestructura, como ser acta de percepción, de inicio, entre otros. La observación fue débil por parte de los auditores y la “recomendación” para subsanar la falta, más aún. Los auditores recomendaron implementar mecanismos de control para garantizar la ejecución del recurso ajustándose a las normas vigentes.
Se confirmó que la oenegé de Tadeo Álvarez rindió cuentas con facturas no utilizadas, no autorizadas, anuladas y de dudosa veracidad, pero recomendaron controlar los documentos de respaldo presentados.
Reemplazo de facturas
Tal vez una de las situaciones más delicadas detectadas en la auditoría se centra en el reemplazo de facturas que forman parte de la rendición. Se evidenció que la Gobernación recepcionó la rendición de CIAP con facturas cuestionadas, pero la oenegé negó que dichas facturas sean suyas. Los respaldos se diferencian en fechas, proveedores y montos. La recomendación fue nada más que ejercer mayor control documental.
Respecto a las obras ejecutadas se realizaron verificaciones presenciales de las mismas y se constató el incumplimiento de varios ítems establecidos en los contratos. La Contraloría recomendó a Hugo Javier implementar o mejorar la metodología de control para evitar que situaciones como las observadas, vuelvan a ocurrir.
El Consejo Regional de Salud adquirió mobiliarios para hospitales, que al poco tiempo fueron desechados debido a que quedaron inservibles por su pésima calidad. Los auditores aconsejaron controlar lo adquirido.
En todo momento se evidenció en las quince observaciones que no existió un control interno en la ejecución de un millón de dólares, que la administración de Hugo Javier González no cuenta siquiera con manuales de procedimientos para distintas situaciones, así como no disponen de mapas de riesgos y prevención que ayuden a detectar las falencias a tiempo.
También la Gobernación de Central no tiene la costumbre de involucrar a los usuarios y a la sociedad en general en la revisión de planes, proyectos y programas a ser ejecutados por la entidad entre otras muchas falencias. Y al respecto se recomendó “articular acciones formales a fin de elaborar la política de control interno institucional, a los efectos de prevenir desvíos y ejercer un mayor control a las rendiciones.