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Del fondo covid-19 otorgado por el Ejecutivo a la Gobernación del departamento Central, la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, imputado en la causa, se embolsó G. 5.105 millones para realizar obras de infraestructura en espacios públicos. La ONG, según su estatuto social, no está habilitada para la ejecución de proyectos que implique ningún tipo de construcción, y toda la administración de Hugo Javier, incluyendo a él, estaban en conocimiento. Los datos se confirman en el informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
El Consejo Regional de Salud (CRS), representado por el doctor Hugo Cabrera, también fue beneficiado con G. 1.276 millones, para la ejecución del proyecto “Mantenimiento y refaccionamiento de entidades primarias de salud de Central”. Informes anteriores a la auditoría emitidos por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) señalan que la ONG no está habilitada por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
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Rubro y servicio no se relacionan
El informe final de auditoría confirmó que los “documentos respaldatorios (facturas) presentadas por las ONG Fundación CIAP y el Consejo Regional de Salud, donde la actividad principal no se relaciona con el servicio prestado por el proveedor”.
En el caso de CIAP, se evidenciaron diversas facturas de un mismo proveedor denominado “Asunción Ofertas” por el valor de G. 777 millones, cuya descripción de los servicios prestados expresan “gastos administrativos, estudio de impacto ambiental, contratación profesional, fiscalizador y personal de seguridad, instalación de medidas de seguridad, gastos por servicios de conexión eléctrica, agua y alcantarillado, los cuales no guardan relación con el servicio principal prestado por el proveedor que es Comercio Ramos Generales. Igualmente, no se evidenciaron ni informes respaldatorios de los servicios contratados”, dice el informe de Contraloría.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó que la actividad principal de Asunción Ofertas es la comercialización al por menor de bebidas.
En cuanto al Consejo Regional de Salud, se visualizó una factura a nombre de dicha ONG, por el monto de G. 593 millones, por la supuesta adquisición de diversos artículos hospitalarios. El comprobante fue expedido por el “Grupo Metalúrgico y publicitario MG”, un taller que se dedica a la fabricación, mantenimiento y reparación de carrocerías para rodados de gran porte.
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Empleados del lugar confirmaron a ABC que el taller no fabrica ni vende insumos y mobiliarios para hospitales. Informe de la SET confirmó el rubro de la firma al cual se dedica.
Descabellado descargo
Deslindado responsabilidad, el gobernador Hugo Javier dijo en su descargo que “la Gobernación de Central no se relaciona de manera directa con los proveedores de las fundaciones, quienes son los obligados a rendir los fondos transferidos por la Gobernación”. Agregó además que en este sentido la institución departamental “mal puede conocer o desconocer de manera expresa la condición o las obligaciones respecto al servicio que presta o bienes que provee esos proveedores a la fundación”.
Por su parte, CIAP aseguró que las facturas mencionadas, de Asunción Ofertas, que fueron emitidas a nombre de la ONG, no forman parte de su rendición de cuentas y que, por lo tanto, no fueron presentadas por la fundación.
El Consejo Regional de Salud alegó que “el hecho de la no actualización de las informaciones que deberían realizar los comerciantes escapa del ámbito del CRS, no así la vigencia y validez del documento que se procedió cabalmente”.
Refutaron descargo
Los auditores se ratificaron en las observaciones ya que los representantes de las oenegés CIAP y CRS, y hasta el mismo gobernador Hugo Javier, no convencieron con su descargo. Además aclararon que “el titular de cada entidad debe adoptar las acciones orientadas a la implementación progresiva de medidas de control interno (…) que atenúen el control sobre los documentos respaldatorios de los desembolsos hechos por la Gobernación, como ordenador de gastos, debe arbitrar todas las medidas necesarias en virtud del buen uso de los recursos del Estado”.
Se sospecha que unos G. 5.105 millones habrían sido desviados a través de la ONG CIAP. El Ministerio Público investiga los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Hasta ahora fueron imputadas 16 personas, entre ellas el gobernador Hugo Javier.