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En sesión plenaria, los ministros de la máxima instancia judicial ratificaron hoy la Resolución Nº 1 del Consejo de Superintendencia, dictada ayer (22 de febrero), que establece una auditoría de reacción inmediata a todos de juzgados de Primera Instancia del Alto Paraná, sobre las garantías constitucionales otorgadas desde hace 5 años.
La auditoría estará a cargo del ministro César Diesel Junghanns, superintendente de dicha Circunscripción Judicial, quien ya se trasladó al Alto Paraná para iniciar el relevamiento de todos los habeas corpus, habeas data y amparos constitucionales dictados por los jueces de Primera Instancia de la zona Este del país.
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La decisión del máximo tribunal se da debido al habeas corpus preventivo otorgado el 17 de febrero de 2020 al presunto traficante de drogas Lindomar Reges Furtado, requerido por la Justicia del Brasil, quien se fugó del Paraná Country Club junto con su pareja Gladys Aparecida Duarte Pereira, el pasado 15 de febrero, minutos antes de ser capturados por la Policía Nacional.
Habeas corpus, lo primero que ofrecen a criminales
El fiscal antidrogas Manuel Rojas, uno de los agentes que allanó el Paraná Country Club, afirmó que son muchos los ciudadanos brasileños con antecedentes judiciales y órdenes de captura que ingresan a Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, para refugiarse.
Rojas recordó que en el 2013 la Corte Suprema de Justicia realizó una auditoría de gestión en la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, debido a que varios presuntos narcotraficantes fueron beneficiados con este tipo de resoluciones. Puntualizó que el 94% de los jueces renunciaron antes de que sean echados, y quedaron solo tres magistrados.
Lindomar “no quería que se lo moleste”
El juez de Garantías Nº 3 de Ciudad del Este, Carlos Vera, argumentó que concedió el habeas corpus preventivo al presunto narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado porque “no quería que se lo moleste”, ya que el mismo denunció en ese momento que la Policía lo extorsionaba pidiéndole supuestamente dinero ante una solicitud de captura internacional, que no existía en aquella época.
Vera dispuso también el cese de las restricciones a la libertad física y seguridad del ciudadano brasileño, siempre y cuando no se den los presupuestos que ameriten la aprehensión del ahora buscado.
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El magistrado indicó que una parte del expediente resalta que Lindomar Reges Furtado, expresaba: “Soy víctima de persecución de policías de Ciudad del Este y Hernandarias, me demoran y me piden plata”.
Sin embargo, el juez de Garantías verificó los antecedentes del presunto narco y comprobó que eran falsos y que Brasil no lo estaba buscando en aquel momento. Ante esta situación, Vera solicitó un reporte de Interpol y en el sistema saltó que no se encuentra requerido a nivel internacional en el ámbito de la justicia.
Rechazo de Ramírez Candia no fue tratado
Se esperaba que la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia analice hoy la nota presentada por el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien no aceptó el cargo de vicepresidente 2º del Consejo de Superintendencia, molesto porque sus colegas incumplieron el acuerdo que suponía su designación para la Vicepresidencia 1ª.
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Sin embargo, el punto ni siquiera fue mencionado, ni por el presidente de la máxima instancia judicial, Dr. Antonio Fretes, ni por el propio ministro Ramírez Candia, quien participó de la sesión del pleno.
Con esto no queda claro si Ramírez Candia integra o no el Consejo de Superintendencia de la Corte en el periodo 2022 - 2023 o si el cargo está vacante y el consejo funciona solo con dos miembros: el presidente Antonio Fretes y el vicepresidente 1° Alberto Martínez Simón.