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El juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa de lesión de confianza en la que están acusados los exministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Alberto Rojas, a quienes se responsabiliza de haber comprado equipos para escuchas telefónicas, en sus respectivos periodos al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), inservibles y que podrían haber sido sobrefacturados.
También fueron acusados por lesión de confianza (complicidad) seis exfuncionarios de la Senad. Alberto Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa; Antonio Pereira, exdirector administrativo; Silvio Amarilla, agente especial y exdirector de Inteligencia; Hugo González, coordinador de la UOC, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración.
De igual manera, el Ministerio Público presentó acusación y pedido de juicio oral para los directivos de la firma proveedora de los equipos de espionaje Televox SRL, que tiene como representantes a Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda, quienes fueron procesados por producción de documentos no auténticos y contrabando, y quienes igualmente enfrentarán juicio oral.
De igual manera, la contadora de Televox Silvia Jara Acha está procesada por producción de documentos no auténticos.
Próxima audiencia
En la audiencia preliminar que culminó en la tarde del miércoles, no se presentaron los acusados Alberto Ferreira Martí y Silvia Jara Acha. Ambos presentaron un parte médico en el que constaba que padecían de covid-19.
El juzgado a cargo de Otazú debe fijar fecha de audiencia preliminar en la brevedad posible, ya que para un primer grupo de acusados por la primera compra de los equipos de espionaje para la Senad, la causa prescribe en diciembre de este año, según indicó el fiscal Luis Lionel Piñánez.
El proceso penal
La imputación del entonces fiscal Martín Cabrera refiere que el exministro de la Senad Francisco de Vargas en el 2012 compró para esa institución de la firma Televox SRL, el equipo denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que “pagó G. 9.406.120.000, por un bien que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, refiere el escrito del Ministerio Público.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas Ramírez, realizó una nueva compra, denominada “equipos tácticos de comunicación”, por los que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente de la empresa Televox.
La investigación de la Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad, y que De Vargas y Rojas, como administradores, tenían la obligación de cuidar del patrimonio de la institución a su cargo.
Rojas, además, fue quien direccionó las dos compras de equipos hacia la empresa Televox SRL, según el Ministerio Público.
La empresa Televox SRL fue creada con un capital de solo G. 60 millones, lo que no condice con las ventas realizadas a la Senad, considerando que para este tipo de transacciones se requería mayor solvencia. Televox presentó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) facturas falsas por G. 5.063 millones para justificar sus egresos del periodo 2012, según la Fiscalía, y asegura que se produjo un daño patrimonial a la institución de casi G. 11.000 millones, por lo que se los procesó a los presuntos responsables por “lesión de confianza y producción de documentos no auténticos”.
Fueron procesados por lesión de confianza, en grado de complicidad, seis exfuncionarios. Alberto Daniel Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Senad, firmó el dictamen de evaluación y recomendación para la adquisición de adjudicación de la empresa Televox.
Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera de la Senad, quien también firmó el dictamen con Ferreira Martí.
Antonio Salvador Pereira, exdirector administrativo de la Senad, fiscalizó el proceso de adquisición y autorizó el desembolso del dinero.
Silvio Amarilla Torales, agente especial y exdirector de Inteligencia de la Senad, firmó el acta de recepción del supuesto bien adquirido, el “equipo de rastreo sensitivo móvil”, en el 2012.
Por la segunda compra, en el 2015, del “equipo táctico de comunicación”, están acusados Hugo González, porque como coordinador de la UOC dictaminó en ese año la adquisición del sistema y aseguró que Televox era el exclusivo representante de la marca Cobham, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración, elevó a consideración del exministro Rojas, la autorización para la contratación vía excepción N° 1/15, para la compra ad referendum (con la condición de ser aprobada por la autoridad) de equipos de Televox.
De Vargas fue primero ministro de la Senad y posteriormente nombrado durante el gobierno de Horacio Cartes como ministro del Interior. En ese momento lo reemplazó Rojas al frente de la Senad.
Los exministros supuestamente ayudaron a crear la firma denominada Televox SRL para importar a precios sobrevalorados los equipos de espionaje. Nicasio Bóveda y Alfredo Javier Bóveda Mongelós, supuestos representantes de la empresa, por su parte, fueron sobreseídos en la causa por contrabando, ya que se determinó que los equipos nunca ingresaron al país, aunque fueron acusados por producción de documentos no auténticos.