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La orden de detención fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Peña e integrado por sus colegas Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga, que tiene a su cargo el juicio oral y público contra diez acusados de supuesta lesión de confianza como consecuencia de un perjuicio de G. 4.077.790.616 al Instituto de Desarrollo de la Tierra (Indert), en el año 2011.
“No estamos haciendo nada fuera de la ley. Como Tribunal de Sentencia estamos obligados a garantizar la realización del presente juicio oral y cuidar los plazos procesales, por eso se decreta la detención de estos procesados en la Penitenciaría de Tacumbú, a fin de asegurar que los mismos sean juzgados”, explicó Peña.
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Por su parte, el juez Manuel Aguirre puntualizó que la detención de los acusados responde a reiteradas recusaciones presentadas por las defensas e indicó que las chicanas planteadas inducen a pensar que la intención es impedir la realización del juicio oral, buscando llegar a la prescripción de la presente causa penal.
El magistrado recordó también que las partes están obligadas a actuar de buena fe, caso contrario el Tribunal de Sentencia está facultado a aplicar las sanciones disciplinarias previstas en el artículo 112 del Código Procesal Penal, para los profesionales del derecho que patrocinan los recursos dilatorios.
Dirigentes campesinos y funcionarios del Indert, entre los acusados
Los acusados son Eulalia Cardozo, dirigente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso, integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Irma Piñánez, también de Conamuri, así como Luis Gilberto Ruiz y Esther Leiva, cabezas de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa).
También están acusados Ronald Hernán Guerrero Ovelar y Armando Ignacio Báez Ferreira, de la Fundación Nación Guaraní; César Agustín González Parini, exfuncionario del Indert, y Sergio Sebastián Ortega.
Defensa califica como “terrorismo de Estado”
La abogada Noelia Núñez, representante legal de Aguayo y Gayoso, informó que el lunes a las 16:00 fue notificada que el Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación que había planteado en contra de los jueces de sentencia; y que la prosecución del juicio oral se fijó para hoy, a partir de las 10:00.
Como se encontraba en Ciudad del Este, donde ese día lunes participó del juicio oral en otra causa en la que también está como defensa, motivo por le cual solicitó participar por medios telemáticos del juzgamiento por supuesta lesión de confianza.
Sin embargo, su petición fue rechazada por el colegiado con el fundamento que el pedido debe ser presentado con 24 horas de anterioridad.
“Esto es un terrorismo de Estado, una arbitrariedad total. Fue la primera recusación que plantee en representación de mis defendidos y el tribunal ordena la detención de ellos, alegando reiteradas chicanas”, expresó la letrada.
Núñez anunció que solicitará una revisión de la prisión preventiva de sus defendidos y que insistirá en probar las falencias con las que el Tribunal de Sentencia está llevando el presente juzgamiento.
Conducta de los acusados
La acusación a cargo del fiscal de delitos económicos y anticorrupción Leonardi Guerrero revela que el Indert con base en el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES), celebró numerosos convenios con organizaciones campesinas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales, en el marco del proyecto “Apoyo a la Agricultura Familiar en Materia de Seguridad alimentaria”.
En ese marco, el 6 de octubre de 2011, Barreto en uso de sus atribuciones al frente del Indert, celebró un convenio con la “Fundación Nación Guaraní” representada por Armando Ignacio Báez Ferreira y Ronald Hernán Guerrero Ovelar. A la misma no se le entregaron bienes, sin embargo se emitieron facturas a nombre de la misma por G. 1.225.000.000.
En cuanto a la Conamuri, también se firmaron convenios para la entrega de bienes para el apoyo de la producción familiar de un total de 15 asentamientos de distintas comunidades. Sin embargo, la entidad manifestó haber adquirido los elementos, pero estos no fueron entregados a los beneficiarios. Igualmente se emitieron facturas por G. 180.251.000.
El Indert y la MCNOC celebraron convenio el 29 de agosto de 2011, para la ejecución de dos proyectos: “Proyecto Mini-Industrias” y “Proyecto Productivo”, en un lapso de tres meses. La misma situación se presentó con esta organización, causando un perjuicio total de G. 703.760.000.
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Sobre la otra organización campesina, Anapa, también se celebró un convenio con el Indert para la ejecución de proyectos en un lapso de tres meses. De acuerdo con los comprobantes de pago remitidos en las rendiciones de cuenta y las copias de cheques endosados por parte del Banco Nacional de Fomento, el Ministerio Público constató que la organización recibió G. 1.009.451.891, de los cuales el ente rural desembolsó G. 476.500.000, pero los proyectos no fueron ejecutados.
Estos hechos fueron denunciados en el 2014 por el extitular del Indert, Justo Cárdenas, quien posteriormente fue procesado, enjuiciado y condenado a 4 años de pena privativa de libertad por los hechos de de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía apeló dicha decisión y la Cámara de Apelaciones resolvió la realización de un nuevo juicio a modo de que se eleve la pena.