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Se trata de Karina Elizabeth Mazacotte Widmer (45), jefa de Control Interno, oficina que depende de la Dirección de Administración y Finanzas de la institución departamental, cuyo titular, Javier Marcelo Rojas Giménez, también fue imputado y tiene arresto domiciliario.
Los agentes fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia de la UDEA, presentaron imputación esta tarde y solicitaron como medida cautelar el arresto de la funcionaria. Mazacotte es funcionaria de la Cámara de Diputados y fue comisionada a la Gobernación de Central, en 2019.
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Según el relato de los hechos, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, presuntamente, le habría encargado a la señora Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa) pagarle a los funcionarios denominados “por transferencia” y solicitarles que emitan sus facturas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
Las facturas, posteriormente, habrían sido utilizadas para justificar los desembolsos de los fondos para la reactivación económica a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, declarada por ley, efectuados por la Gobernación del Departamento Central a favor de la Fundación CIAP.
Los agentes tienen la sospecha de que Karina Mazacotte, conforme a los hechos y elementos de sospecha sería inicialmente cómplice en los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.
Según las imágenes de la red social Facebook, Karina Mazacotte, estaría de vacaciones en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
El Ejecutivo transfirió en diciembre de 2020 a la Gobernación de Central la suma de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-19, cuyo propósito era generar fuentes de trabajo en el departamento Central, durante la pandemia del covid.
Hugo Javier, volvió a transferir todo el recurso y entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo titular es Tadeo Álvarez, imputado y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera.
En la rendición de cuentas de la institución departamental aparecen facturas clonadas, de empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías, mediante las cuales se intentó justificar el uso del dinero.
Ya son 16 los imputados
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó el pasado 1 de noviembre al gobernador de Central Hugo Javier González por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Junto a Hugo Javier están imputados también el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo que recibió G. 5.105 millones del fondo sanitario; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde
También aparecen Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, y varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera.
Finalmente, también los contratistas José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez.
La Fiscalía detectó indicios de que mediante “obras fantasmas” y la producción de facturas presuntamente falsas, la Gobernación logró desviar –a través de CIAP– miles de millones de guaraníes, incluidos fondos que debían ser destinados a la lucha contra el covid-19.
Imposición de medidas
Son innumerables las chicanas presentadas por la mayoría de los imputados, especialmente por la defensa de Hugo Javier, para dilatar el proceso y evitar la realización de la audiencia de imposición de medidas. Hasta la fecha solo uno de los imputados, Javier Marcelo Rojas Giménez, cuya defensa fue la única que no presentó ningún recurso, pudo comparecer ante la juez penal de garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, quien ordenó su arresto domiciliario.
El pasado 25 de enero el Tribunal de Sentencia en lo Penal conformado por los jueces Gustavo Santander, Agustín Lovera Cañete y Andrea Vera Aldana, advirtió a la defensa de Hugo Javier, representada por Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, sobre el abuso de recursos presentados con el objetivo de aplazar el proceso.
Posteriormente, los fiscales de la causa, Estigarribia, Arzamendia, Cabrera y Said, solicitaron nuevamente a las instancias correspondientes “advertir a los abogados chicaneros”, ya que varios recursos carecen de fundamentos porque no se ajustan a las normas vigentes y por lo tanto, no se ajustan al proceso penal.
El Ministerio Público investiga la presunta malversación del fondo covid de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), que el Ejecutivo desembolsó a favor de la Gobernación de Central en 2020 para generar fuentes de trabajo en el departamento Central durante la pandemia. Pero en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas entre otras groseras anomalías tratando de justificar el uso del recurso.