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El equipo auditor solicitó al gobernador Hugo Javier informar sobre la metodología implementada para el control interno de las transferencias que realiza la institución. El administrador departamental no supo justificar la ausencia de los manuales de procedimientos y su descargo fue refutado por la Contraloría.
“Deberán articular acciones formales (...) de control interno institucional para prevenir desvíos”, dice el equipo auditor.
La Gobernación recibió G. 6.382 millones del Ejecutivo para generar fuentes de trabajo en el departamento de Central durante la Pandemia, Hugo Javier, repartió todo el dinero a dos ONG. El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, imputado, se llevó G. 5.105 millones, y el Consejo Regional de Salud representado por el doctor Hugo Cabrera, se embolsó G. 1.276 millones.
En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas además de una serie de irregularidades. El gobernador y otras 14 personas fueron imputados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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No existe control interno
Durante una prolongada auditoría la Contraloría confirmó las siguientes irregularidades. La Gobernación de Central no cuenta con mapas de riesgos, plan preventivo, o indicadores que permitan medir con eficacia y efectividad los controles aplicados. La entidad definió indicadores que puedan medir la gestión institucional.
Tampoco existe un manual de procedimientos específicos para manejar los riesgos identificados. La gobernación no ha diseñado herramientas que faciliten la acción del control social, no involucra a la sociedad y a los usuarios en general en la revisión de los planes, proyectos y programas a ser ejecutados.
La administración de Hugo Javier no tiene manual de funciones, no existen procedimientos debidamente adaptados por la entidad para el desarrollo de cada una de las actividades misionales y de apoyo. Las oficinas de control interno y auditoría interna no participan activamente en el diseño, desarrollo e implementación de controles a ser aplicados en cada uno de los procesos ejecutados por la entidad.
Asimismo, la Gobernación no cuenta con manual de procedimiento para ejecutar el proceso presupuestario, tampoco tiene manual de procedimiento para ejecutar el proceso de tesorería. No tiene manual de procedimientos para el área de contratación, de inventarios, no posee un inventario físico actualizado y valorizado de bienes inmuebles, muebles y elementos devolutivos por área y responsable.
Los rodados y maquinarias no están inscriptos en el Registro del Automotor y los valores fiscales inmobiliarios no se actualizan de acuerdo a las leyes vigentes. No se aplican tomas físicas de inventarios y su conciliación de saldos en contabilidad. No existen políticas relacionadas con la incorporación de inmuebles, vehículos automotores y demás bienes al patrimonio de la entidad, incluyendo seguimiento de legalización y valoración actualizada.
La organización no ha identificado actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno generado en el desarrollo del quehacer institucional. No existen indicadores para medir el impacto den funcionamiento del sistema de control interno frente a los objetivos misionales.
La Unidad de Control Interno no ha elaborado un plan general de evaluación y verificación de las actividades de control implementadas. La Gobernación no cuenta con un sistema integrado de información que contribuya a una efectiva toma de decisiones.
Conclusión y recomendación
El equipo auditor concluyó que la administración de Hugo Javier realizó algunas acciones posteriores a la auditoría, pero que las mismas no son suficientes y sobre todo eficientes. Se recomendó al gobernador que los cambios y aplicaciones en todos los puntos observados sean de forma paulatina y gradual a base implementaciones.
“Deberán articular acciones formales a fin de elaborar la política de control interno institucional a los efectos de prevenir desvíos y ejercer in mayor control a las rendiciones de cuentas”.