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Hace una semana, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto N° 6650 con el cual aparta del cargo a José Antonio Ortiz Báez como representante del Ministerio de Hacienda y titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y designó en su reemplazo a María Galván del Puerto como presidenta interina de la citada comisión. El documento tiene fecha del viernes 11 de febrero y fue publicado en la web el lunes 14 de febrero.
Desde entonces, Galván no ha informado a la ciudadanía si tuvo indicaciones del Ejecutivo acerca de cómo encarar la administración, sobre todo debido a que las decisiones de las anteriores autoridades derivaron en la actual investigación del Ministerio Público.
Un equipo de ABC fue ayer, jueves, hasta las oficinas de Conajzar para preguntar a la nueva titular si todavía defiende esas cuestionadas decisiones, como lo había hecho cuando era asesora jurídica de Ortiz, pero no fue recibido. Esta mañana nuestro diario volvió a la sede del ente, pero la respuesta obtenida fue que ella no se encontraba.
Llama la atención el silencio de la funcionaria, sobre todo considerando que Ortiz siguió yéndose esta semana a Conajzar, según fuentes del sector. También teniendo en cuenta que el cambio se concretó luego de críticas a la gestión de Ortiz y semanas después de que todas las autoridades de la comisión sean imputadas por sospecha de comisión de hechos punibles en la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos, la adjudicación de la quiniela a una empresa que sería morosa del fisco y la reducción del canon en pandemia, decisión que significó la caída de la recaudación de la Dirección de Beneficencia (Diben).
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Galvan se desempeñaba como asesora jurídica en Conajzar y como tal, era la mano de Ortiz. De hecho fue quien justificó el contrato con la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para legalizar los tragamonedas ubicados en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar. Los explotadores denunciaron que se les requiere entre G. 300.000 y G. 450.000 por máquina al mes, y que de ese monto, sólo lo correspondiente a un jornal diario (G. 88.051) queda para el Estado. Al respecto, Galván había afirmado que se trata de una “nueva modalidad” ya aprobada por las autoridades y que cada empresa es libre de establecer el precio que considere pertinente.
La designación de nueva modalidad es cuestionada por empresarios del rubro, ya que las citadas máquinas y sus características ya están descriptas en la normativa que tiene la Conajzar y está a su cargo velar el cumplimiento. Por este motivo, el sector privado solicitó la intervención del Congreso y los senadores Esperanza Martínez, Enrique Bachetta y Jorge Querey denunciaron la creación de una estructura de obtención ilícita de recursos y lavado de dinero, entre otros puntos.
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El Ejecutivo también cambió a los representantes del Ministerio de Interior y Diben; Alma Muhr Riera y César Romero Rojas reemplazan a Omar Mongelós González y Alonso, respectivamente. Los nuevos designados se comprometieron a brindar declaraciones el próximo lunes.
