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Para hoy estaba prevista la audiencia preliminar para la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Delia Patricia Samudio Torras y su esposo José Costa Perdomo, ante el juez de Garantías Julián López. Sin embargo, la diligencia se suspendió por tercera vez debido a una apelación presentada por la defensa de los acusados por presunta lesión de confianza en la compra de agua tónica para la estatal, en el 2020.
La apelación planteada es contra el rechazo de la reposición que presentó la defensa ante la decisión del magistrado de la causa, de que la excepción de falta de acción sea analizada recién en la audiencia preliminar.
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La defensa de los acusados alega que el supuesto perjuicio patrimonial causado con el hecho punible, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, afirma que ya no hay motivos para la persecusión penal.
Ahora el caso queda a cargo de un Tribunal de Apelación Penal, que debe resolver si hace lugar al planteamiento de la defensa o ratifica la decisión del juez Julián López. Hasta tanto la Cámara no se expida, no se podrá fijar nueva fecha para intentar sustanciar la preliminar, en que se debe resolver si el caso va o no a juicio oral.
Pagó cuenta personal con dinero público
Según la acusación fiscal, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal.
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio, de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presenta causa.
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La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía, la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
Salida procesal para los coacusados
En el caso de los coacusados Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga, la audiencia preliminar se realizó en noviembre del año pasado y el juez Julián López hizo lugar al pedido planteado por las defensas y otorgó la suspensión condicional del procedimiento para los cuatro.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz se allanaron a la propuesta, teniendo en cuenta que los mismos fueron procesados como cómplices de la lesión de confianza y la expectativa de pena no es elevada.