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En diciembre del 2020 el Ejecutivo otorgó US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-19, a la Gobernación de Central, para generar fuentes de trabajo durante la pandemia. El gobernador cartista Hugo Javier González, imputado, repartió todo el dinero y entregó G. 5.105 a la oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez (también imputado) y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud representada por el doctor Hugo Cabrera.
De acuerdo al informe final de auditoría que la CGR realizó respecto a la ejecución del fondo sanitario, se confirma que el Consejo Regional de Salud de Central, adquirió varios “tándems de 4 asientos en mal estado”, que ya están “en desuso pese al corto tiempo de ser adquirido”.
“Al momento de la verificación in situ en los puestos de salud del Hospital Distrital de Capiatá, Hospital General de Villa Elisa el Hospital Distrital de Ñemby, el equipo auditor evidenció que las adquisiciones de tándems de 4 asientos adquiridos de la empresa Grupo Metalúrgico y Publicitario MG, por intermedio del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, se encontraban en mal estado y en desuso, pese al corto plazo de adquisición con que contaban dichos tándems”, se afirma en el informe final.
Según la verificación realizada, el Hospital de Capiatá recibió los mobiliarios el 17 de julio de 2021 y la fiscalización se realizó el 8 de septiembre del mismo año y los asientos estaban destruidos. Duraron solo 53 días.
El Hospital de Villa Elisa recibió los mobiliarios el 28 de julio y la verificación in situ fue el 9 de septiembre del año pasado. Estas duraron menos, solo 43 días. El Hospital de Ñemby recibió los mobiliarios el 14 de julio y el control se llevó a cabo el 9 de septiembre, 57 días después.
Refutan descargo
Los auditores comunicaron las observaciones al gobernador Hugo Javier González. Este, a su vez, solicitó al Consejo Regional de Salud que justifique los cuestionamientos. La respuesta fue: “a la fecha los tándems mencionados en los lugares fueron reemplazados en su totalidad y documentos de actas de cambio con fecha 10 de octubre de 2021″.
El equipo auditor refutó el descargo y manifestó que “se evidencia el cambio de los tándems, pero se aclara que fue posterior a lo observado, por lo que nos ratificamos en la presente observación”. Agregó además que los cambios de mobiliarios realizados por el Consejo Regional de Salud fueron “para subsanar las falencias detectadas por la CGR”.
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Débil recomendación
La CGR recomendó al gobernador Hugo Javier González que implemente una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos, y así evitar que situaciones como lo observado vuelvan a ocurrir.
Compraron de taller mecánico
En la rendición de cuentas aparece una factura de la firma “Grupo Metalúrgico y Publicitario MG” de Miguel Gutiérrez, por la suma de G. 593 millones y a nombre del Consejo Regional de Salud. El taller se dedica a la fabricación de carrocerías para camiones de gran porte.
Según detalle, el Consejo adquirió del lugar 40 vitrinas con llaves, 150 tándems de 4 asientos, 32 ficheros metálicos, 100 basureros metálicos con pedal, 28 percheros, 14 carros de metal esmaltados, 100 portasueros cromados, 100 escaleras de metal de 2 niveles, 100 mesas para inspección y 100 sillas giratorias metálicas.
El caso tomó estado público en junio de 2021. Según las facturas del Consejo Regional de Salud, la compra al contado fue hecha el 28 de enero, casi un mes antes del desembolso de G. 1.276 millones que la Gobernación de Central le otorgó.
Investigación
La auditoría fue realizada en el marco de la investigación a cargo de la Fiscalía sobre la ejecución de US$ 1.000.000. En la rendición de cuentas de la Gobernación aparecieron facturas clonadas, facturas reemplazadas, empresas fantasmas, entre otras irregularidades. El gobernador Hugo Javier y otras 14 personas fueron imputados por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa, y producción de documentos no auténticos. Hasta hoy, solo uno de los procesados tiene arresto domiciliario.