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El pleno de la máxima instancia judicial sesiona hoy, desde las 9:00, y tiene prevista la designación de la mesa directiva que estará en el periodo 2022 - 2023. El ministro Antonio Fretes será designado como presidente; mientras que los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Dejesús Ramírez Candia sus vicepresidentes.
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Este será el cuarto periodo de Fretes como presidente del máximo tribunal, cargo que ya ocupó entre los años 2005 - 2006, 2009 - 2010 y 2015 - 2016, pero su designación es cuestionada por las organizaciones civiles y de combate a la corrupción, que lo consideran como un operador del cartismo en el Poder Judicial.
La nueva mesa directiva reemplazará a los ministros César Diesel, Luis Benítez Riera y César Garay, quienes estuvieron como presidente y vicepresidentes durante el periodo 2021 - 2022.
En principio se hablaba del ministro Martínez Simón como uno de los candidatos para ocupar la Presidencia de la CSJ, pero finalmente hubo consenso entre los ministros para designar en el cargo a Fretes, ya que este es su último año como integrante del máximo tribunal, debido que el 10 de marzo de 2023 cumplirá 75 años tras casi tres décadas en la Corte.
La Constitución Nacional establece que un ministro de la Corte cesa en sus funciones al cumplir los 75 años.
Piden por los “nuevos”
La organización “Somos Anticorrupción Paraguay”, liderada por María Ester Roa, emitió un comunicado pidiendo que Antonio Fretes a quien consideran como uno de los “viejos ministros”, de un paso al costado, alegando que ya ocupó el cargo en varias ocasiones y que “los resultados están a la vista”.
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En ese sentido, solicitan que la Presidencia de la CSJ sea ocupada por uno de los tres nuevos ministros que aún no han sido designados en el cargo: María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia o Víctor Ríos Ojeda, teniendo en cuentas que otros altos magistrados, que ingresaron a la Corte desde el 2018, ya estuvieron al frente del máximo tribunal: Eugenio Jiménez, Alberto Martínez y César Diesel.
Además, la sociedad civil solicita que los votos de los ministros sean públicos y fundados, a fin de “evitar el secretismo que solo aviva la llama de la desconfianza hacia el Poder Judicial”.