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La oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, imputado, recibió de la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González, la suma de G. 5.105 millones, parte del fondo covid-19 de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), que el Ejecutivo otorgó a la institución departamental para la reactivación económica generando fuentes de trabajo durante la pandemia.
Primeramente, toda la administración del gobernador Hugo Javier, incluyéndolo a él, estaban en conocimiento de que, según el estatuto social de CIAP, la misma no está habilitada para realizar obras de infraestructura. Sin embargo, a pesar de ello, la Gobernación igual realizó el millonario desembolso para este fin.
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Luego, en la rendición de cuentas de la fundación, remitidas a la Contraloría General de la República (CGR), aparecieron varias facturas clonadas a nombre de la oenegé por supuestas compras y contratación de servicios hechos. También figuran comprobantes de empresas que no existen en los lugares indicados, además de facturas anuladas y a créditos que no fueron pagadas pero que aparecen como canceladas, entre otras anomalías.
Según el descargo hecho al equipo auditor por CIAP, representada por Tadeo Álvarez, la rendición de cuentas sobre el uso de G. 5.105 millones que contemplan los comprobantes adulterados “no corresponde a la fundación” y que incluso el hecho “fue denunciado ante el Ministerio Público”. Dicen que otras personas cargaron dicha rendición en el portal de la CGR.
Sin embargo, según los documentos a los que ABC Color accedió, se comprobó que el envío de varios documentos y de la rectificación de la rendición de cuentas en cuestión, que según CIAP no es suya, fueron comunicadas desde el correo oficial de la oenegé. Es más, en las planillas de rendición aparecen firmas de los miembros de la fundación incluyendo la de Tadeo Álvarez y el sello de la entidad.
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El equipo auditor refutó el descargo de CIAP y afirma que se constataron “facturas (a nombre de CIAP) no utilizadas, no autorizadas, anuladas y de dudosa veracidad por un importe de G. 1.064.741.819″ incumpliendo cuatro normativas entre ellas la que regula el Presupuesto General de la Nación.
El equipo auditor conformado por Emilio Ferreira (coordinador), Derlis Riquelme, Óscar Hermosilla, Syrley Pereira, Araceli López, Marcia Benegas y Emilio Cáceres, concluyó que existen “inconsistencias entre los documentos de respaldos (facturas) presentadas por la Fundación CIAP y las circularizaciones a los proveedores a través de las notas” enviadas por la Contraloría General de la República (CGR).
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Tadeo Álvarez y el gobernador Hugo Javier González (cartista), además de otras 13 personas fueron imputados el 1 de noviembre del año pasado por los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos. Debido a las innumerables chicanas hasta la fecha no llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas para los sospechosos.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia solicitaron que ninguno de los procesados vuelva a ingresar a la Gobernación mientras dure el proceso. Esto significaría que el gobernador deberá ser separado del cargo y hasta podría no culminar su mandato.