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En primer lugar, el proyecto es inconstitucional, según estos gremios. “En primer lugar, y desde el punto de vista Constitucional, el proyecto vulnera los principios de legalidad, libre concurrencia y de igualdad tributaria, cuando establece un régimen de privilegios fiscales para un sector muy pequeño de la economía, pero que, sin embargo, de aprobarse este instrumento, causaría una gran distorsión al sistema, afectando la libre competencia, y la igualdad a los efectos de la imposición”, señala una nota de ambos gremios, enviada a nuestro diario.
Además, según los industriales y supermercadistas, la iniciativa distorsionaría el sistema tributario. “Entendemos que la pandemia ha generado un serio perjuicio económico a todos los sectores, acentuándose aún más en zonas fronterizas. Pero compartimos con Tributación la posición de que una ley que cause más incumplimientos al sistema no es la solución, pues estas medidas se traducirán en la pérdida de competitividad de miles de empresas, incluidas industrias formales que hoy enfrentan una dura batalla contra la competitividad ficticia de los países vecinos por causa de la devaluación de sus monedas, el contrabando, la incertidumbre económica, etc.”, añade.
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También menciona la colisión con los acuerdos del Mercosur, porque el proyecto de ley sólo pretende pagar el impuesto a la renta empresarial (IRE), no así el Arancel Nacional Vigente (ANV) o el Arancel Externo Común (AEC).
Mecanismos de control
Otra preocupación de Capasu y UIP es que no hay mecanismos seguros de control. “El proyecto señala que podrán coexistir actividades amparadas en el presente régimen, con otras ajenas al mismo. Sin embargo, en ninguna parte del texto se lee un mecanismo serio de aseguramiento de no aplicación del régimen a actividades que no reúnen todos los presupuestos para el beneficio y que, por tanto, están gravadas con los demás impuestos (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Selectivo al Consumo) y aranceles aduaneros”, dice la nota.
Y añade: “Contribuirá al aumento de la economía informal. El proyecto hace una mención apenas declarativa sobre la prohibición de que mercaderías acogidas al régimen sean comercializas a connacionales, salvo su previa nacionalización a través del pago de impuestos. Sin embargo, insistimos, no se leen mecanismos efectivos de aseguramiento del control y sanción”.
Según los datos, las empresas que operan bajo el régimen de turismo, lo hacen desde la óptica de vender a ciudadanos de los países vecinos., pero debido a coyunturas macroeconómicas de los países vecinos, como las persistentes devaluaciones monetarias, reacciones respecto al ingreso de productos en régimen libre de impuestos, se ha comprometido la competitividad del Régimen de Turismo vigente en la frontera paraguaya.
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Sin embargo, no podemos sometemos a que el país tenga que depender de las políticas monetarias y económicas de países vecinos, finaliza la misiva.
La disyuntiva de nuestro país
Para los gremios de industriales y de los súper, hay solo dos caminos. El de enfocamos en proyectos de ley como el del nuevo régimen de turismo propuesto, “que ni más ni menos profundizara el modelo del que hace décadas hablamos que debemos reconvertir, a favor de la industrialización” o, bien, el de políticas públicas que defiendan y protejan a los ya golpeados sectores formales, “verdaderos dinamizadores del empleo”.
Fronterizos esperan el apoyo del Gobierno a la iniciativa
Por otro lado, la Cámara de Comercio y Servicios del Este, así como gremios de otras ciudades fronterizas, esperan que el Gobierno Nacional acompañe y apoye el proyecto de ley de turismo comercial. Según sostienen estas asociaciones y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la iniciativa que se plantea va a ayudar a la formalización y también devolverá competitividad a estas zonas del país, golpeadas por la crisis económica desde hace años.
El proyecto de ley no solo plantea un régimen tributario diferenciado para locales de ciudades que tradicionalmente se destacan por el desarrollo comercial, sino también incluye a Asunción. Específicamente, se aplicaría a comercios que venden productos y servicios a no residentes.
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La cámara de CDE brindó el pasado viernes una conferencia de prensa en la que sentó postura “con relación al inmisericorde ataque del que somos objeto, con motivo de la gestión ante el Congreso Nacional, para aprobación de un proyecto de ley que posibilitará la formalización de las operaciones comerciales fronterizas y Asunción”.
El método propuesto es el de control en línea de las declaraciones de introducción y venta de mercaderías, en apoyo al turismo. “Esperamos que el Gobierno Nacional acompañe nuestra propuesta de formalización, para seguir siendo competitivos en el mercado de turismo”, resaltaron.