Destino de la fiscala general se define en lo de Arnaldo Samaniego

Este lunes, en reunión en la vivienda del diputado Arnaldo Samaniego, los legisladores de la bancada de Colorado Añetete analizan si acompañarán o no el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Varios diputados adelantaron su postura a favor de la destitución de la titular del Ministerio Público.

Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.
Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.

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Reunidos en la residencia de Arnaldo Samaniego, este lunes, diputados y senadores de Colorado Añetete definirán su postura con relación al juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Al llegar al sitio del encuentro, varios legisladores adelantaron que posiblemente apoyarán el pedido de enjuiciamiento a Quiñónez. Son al menos 18 diputados y 10 senadores quienes participarán de esta reunión.

El diputado Ever Noguera comentó que van a apoyar el pedido de juicio, ya que existen las causales para someter a la fiscala a este proceso. En el mismo sentido se pronunció Freddy D’Ecclesiis.

Lea más: Legisladores oficialistas definirán postura sobre juicio a fiscal general

Por su parte, el diputado Hugo Ramírez comentó que no existe una “bajada de línea” por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con relación al juicio a Quiñónez. Tampoco hubo un “pedido” por parte de la representación diplomática de Estados Unidos en nuestro país.

La destitución de la fiscala general es impulsada por la oposición con base en presuntas irregularidades en gestión y por su notorio favoritismo hacia el expresidente Horacio Cartes.

La intención es que sea la bancada de Añetete que presente el libelo acusatorio y el pedido de juicio político.

Segundo intento de destitución

Sandra Quiñónez es fiscala general del Estado desde el 8 de marzo de 2018. Quedó ubicada en el puesto 60 en cuanto a méritos académicos, entre los 103 candidatos, pero igual logró integrar la terna y ser electa.

En mayo de 2020 se salvó de un juicio político, tras haber favorecido ilegalmente al empresario Karim Salum, quien ingresó al país en un vuelo humanitario y no cumplió con la cuarentena obligatoria por covid-19. El empresario es allegado al expresidente Horacio Cartes.

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