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Por dos votos contra uno, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in límine la acción de inconstitucionalidad planteada por los abogados Carl Thomas Gwynn Ramírez, Lorena Dolsa, Michelle Byun y Carmelo Caballero en nombre y representación de “La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial”.
Los abogados de la secta Moon intenaron con esta acción anular sentencias de primera y segunda instancia que obliga a que el grupo religioso entregue propiedades ubicadas en el Chaco como pago de una deuda que data desde hace más de 20 años.
El caso fue mencionado en los audios que revelaron los escandalosos manejos del JEM y publicados por ABC Cardinal 730 AM en noviembre de 2017.
La acción fue planteada bajo patrocinio del abogado Osvaldo Bittar. Votaron por el rechazo los ministros César Diesel y Antonio Fretes; mientras que César Garay Zuccolillo fue el voto en disidencia.
Los ministros consideraron que la acción no contaba con los requisitos exigidos por las normas legales.
Caso de larga data
En 1998, la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (AES), más conocida como “secta Moon”, solicitó un préstamo de US$ 15 millones a la firma Victoria Terrace para la compra de tierras ubicadas en la zona de Puerto Cazado, departamento de Alto Paraguay.
En noviembre de 2008, la secta Moon aprueba a través de una asamblea la entrega de las propiedades como dación en pago. Fue bajo la instrucción, supervisión y aprobación del reverendo Sun-Myung Moon (padre Moon).
Un día después de la asamblea se firmaron sendos contratos en los que dos de las empresas reconocen la donación de un total de 60.000 hectáreas al Estado paraguayo en la zona de Puerto Casado.
En 2012, los derechos de la deuda fueron adquiridos por el Grupo Cusabo. Tras el fallecimiento del reverendo Moon, en 2010, quienes quedaron al frente de la Asociación Espíritu Santo se negaron al pago, de acuerdo a los documentos que forman parte del proceso judicial.
Presión a través del JEM
El Grupo Cusabo planteó en 2014 acciones judiciales para reclamar el pago de la deuda.
Un año más tarde, en 2015, la Secta Moon inició procesos penales como respuesta.
En dos de los audios del caso conocido como “Se pudre la justicia”, se escuchaba a Raúl Fernández Lippman, quien fuera secretario del condenado exsenador cartista Óscar González Daher, moviendo influencias.
En esa conversación, la interlocutora fue nada menos que una fiscala de Delitos Económicos, Nadine Portillo, a quien le habla de un proceso por estafa y producción de documentos no auténticos. A la agente, que no tiene intervención en ese caso, casi no se la escucha en la grabación de tráfico de influencias.
El denunciado en la causa penal es Preston Moon y estaban en juego unas 480.000 hectáreas en el Chaco paraguayo.
El tema, que con toda confianza habla Fernández Lippmann, debía ser alargar el proceso para sacar dinero sistemáticamente. “¿De qué sirve que nosotros terminemos en seis meses este tema? Nosotros lo que necesitamos es que esto se vaya a cinco, seis años ha rokaru (y comemos). Yo te digo bien cómo son las cosas. ¿Para qué te voy a mentir? Yo no quiero... Yo te voy a decir una cosa. Yo le dije a Federico: ‘Disculpame, sacamos de ahí porque está lento, queremos llevar a lo de Igor (Cáceres) porque ahí tenemos esperanzas de que él impute...”, dice sin empacho el secretario de González Daher.
La denuncia penal de la secta Moon era por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos e ingresó en el 2015. Era investigada por el fiscal José dos Santos (apodado Tote) de la misma unidad de Nadine Portillo.
El agente estorbaba porque tras dos años y medio no presentó imputación. Fernández Lippmann, inclusive, refirió que dudaba de Dos Santos (Tote) porque supuestamente tenía un borrador de la desestimación de la denuncia.
Para “apretarlo”, iba a impulsar una denuncia en su contra en el JEM. Esto fue rechazado por el fiscal Dos Santos, quien indicó que no tenía elementos para imputar, pero tampoco para desestimar porque la causa es muy compleja.
Auditoría reveló irregularidades
Una auditoría iniciada por el Poder Judicial reveló una serie de irregularidades en el proceso penal.
El informe de Auditoría reveló que el agente fiscal titular asignado a la causa de la secta Moon, desde su inicio fue José Dos Santos, quien debido a la recusación planteada por el Abog. José Domingo Almada, fue separado de la investigación, mientras la misma era resuelta por la Fiscalía General. En fecha 27 de septiembre de 2017, fue asignado de forma provisoria el fiscal Igor Cáceres Gallardo conforme a la Resolución dictada por el fiscal adjunto Federico Espinoza.
El informe de auditoría señala que el acta de imputación contra 10 personas fue presentada por el fiscal Igor Cáceres en fecha 17 de octubre de 2017, ante la oficina de Atención Permanente. “Llamativamente” la imputación fue presentada en la misma fecha, en que fue resuelta la recusación planteada contra el fiscal José Dos Santos, dicha recusación fue rechazada por improcedente y lo confirmaron en el caso. El ahora exfiscal tuvo tanta prisa por presentar la imputación que lo hizo a las 21:30 horas antes que Dos Santos vuelva al caso.
Es más, tanto fue el apuro de Cáceres por firmar la imputación que el día y la hora en la que firmó el acta se encontraba en Ciudad del Este. El caso le costó una suspensión al exfiscal.
Destitución e imputación
La jueza Tania Irún había fallado en contra de la secta Moon en 2018. Como respuesta al caso, la magistrada fue denunciada por los representantes de la agrupación religiosa ante el JEM.
Irún fue destituida con votos de miembros vinculados al cartismo, sector contra el que la misma había fallado en un proceso penal impulsado por el banco de la familia del expresidente Horacio Cartes.
El JEM consideró que Irún incurrió en mal desempeño en sus funciones en su sentencia.
La exjueza fue imputada semanas atrás por supuesto prevaricato
PLANTEAN NULIDAD
Luego de conocerse de la Corte Suprema de Justicia, los abogados de la Secta Moon Lorena Dolsa, Michelle Byun y Carmelo Caballero plantearon un recurso de nulidad absoluta y la recusación contra los ministros César Diesel y Antonio Fretes.
El recurso fue planteado bajo patrocinio del abogado Jorge Rolón Luna.
Los representantes del grupo religioso consideran que el JEM y la Fiscalía “han manifestado el actuar ilegítimo e ilegal de los magistrados tornando las sentencias impugnadas de nulas”.
“¿Está mi mandante obligada a realizar un acto que la ley prohíbe?”, señala parte del escrito que insiste en la ilegalidad del proceso.