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Nulo movimiento pese a denuncias contra el “Tigre”
Desembolsos en tiempo récord, deficiencias documentales y ONG integradas por personas vinculadas al gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR, cartista), son algunas de las anomalías detectadas en la rendición de cuentas de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid entregados a los administradores políticos del XIV Departamento.
Y pese a las evidencias, la Fiscalía, dirigida por Sandra Quiñónez, no llegó hasta ahora a la gobernación para realizar alguna verificación.
El exfutbolista y actual jefe departamental Ramírez incluso había reconocido algunas de las denuncias, pero las minimizó al decir que son cuestiones administrativas. Sin embargo, se descubren más deficiencias a diario.
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Tal es el caso de la integración de las dos ONG beneficiadas con dinero público. Un primer punto que evidenció la documentación adjunta en la rendición de cuentas, es que la Asociación Pro Desarrollo del Norte y la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud tienen casualmente como miembro a un exfuncionario de la Gobernación de Canindeyú.
Se trata de Nolberto Martínez, de 23 años, quien ingresó a la plantilla de la institución con ayuda de Ramírez y permaneció ahí por unos meses, curiosamente, cuando se realizaban los desembolsos a favor de las ONG. Pero, el ahora exempleado tiene otro vínculo con el jefe departamental: Para más coincidencia, también es trabajador que está a cargo de la madre del gobernador.
La otra cuestión que salió a luz es que Ramírez entregó el dinero público a una ONG constituida por una persona vinculada años atrás al robo de un banco. Se trata de Édgar Osvaldo Galeano Bogado, un exfuncionario del Ministerio Público.
La rendición de cuentas reveló que las transferencias se realizaban en el mismo día en que ingresaba el pedido.
Procedimiento fue rápido con “Pipo” Díaz Verón
Un trato completamente diferente por parte de la fiscalía tuvo la Gobernación de Caazapá, a cargo del exvelazquista Pedro “Pipo” Díaz Verón. Y es que el Ministerio Público abrió una investigación y realizó un allanamiento en la sede gubernativa departamental luego de horas de las primeras denuncias sobre el presunto manejo irregular de los US$ 2.000.000 del fondo covid.
La rendición de cuentas del gobernador caazapeño también está plagada de irregularidades, como la transferencia del dinero público a una ONG cuyo estatuto no le habilita para realizar obras.
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Es el caso de la Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá, presidida por el exfuncionario municipal Yonny Guzmán Florentín, que recibió de manos de “Pipo” G. 1.800 millones para obras de empedrado y la remodelación de la exestación del tren en el distrito de Moisés Bertoni.
Esta última obra no se realizó por falta de autorización de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Ante esta situación, el jefe departamental resolvió redireccionar los fondos públicos a otras áreas.
Sin embargo, para sorpresa de la gente, las construcciones previstas ya habían sido gerenciadas e incluso cobradas en su totalidad de la Gobernación por el Consejo Regional de Salud, presidido por Roque Vera Lugo. Es decir, habría una doble transferencia.
Los papeles también evidenciaron que el gobernador giró fondos a una ONG integrada por policías activos, entre los que figuraban varios cercanos al propio gobernador como su custodio.
Díaz Verón participó del lanzamiento oficial de la precandidatura a la presidencia de la República del vicepresidente, Hugo Velázquez, el pasado 17 de enero. Ocho días después, ya con la Fiscalía encima, anunció su regreso a las carpas del movimiento Honor Colorado.
El “Número 2″ con trato preferencial
El gobernador de Central, el imputado Hugo Javier González (ANR, cartista), es otro que tuvo un trato “preferencial” de la Fiscalía. Pese a la catarata de evidencias y una denuncia formal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senad) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre el presunto mal uso de los “fondos covid”, el Ministerio Público tardó casi cuatro meses en realizar la imputación.
El jefe departamental fue imputado el 1 de noviembre de 2021 bajo los cargos de lesión de confianza, asociación criminal y otros. Las denuncias contra González comenzaron a finales de junio de ese año.
Este exanimador de fiestas convertido en gobernador giró todo el primer millón de dólares que recibió, G. 6.382 millones, a dos ONG: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el imputado Tadeo Álvarez, y el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera. Las denuncias evidenciaron que el jefe departamental adjuntó a su rendición de cuentas facturas clonadas y de empresas inexistentes.
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La Gobernación encabezada por el imputado Hugo Javier González, no realizó ningún tipo de control o seguimiento a las obras que debían realizarse con el fondo de emergencia. Ni la institución ni la ONG que recibió el dinero dispuso de fiscalización de las obras.
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González no solo utilizó dinero del fondo de emergencia para pagar obras que ya existían, sino que abonó por construcciones de pésima calidad.
La auditoría realizada por la CGR confirma que la Gobernación de Central utilizó el fondo de emergencia para “pagar” por obras que habían sido realizadas mucho antes de la firma de los contratos y que habrían sido pagados con otros fondos de la institución. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2020 la Gobernación de Central firmó un contrato por más de G. 390 millones para la construcción del asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario ubicado en el Ramal Capiatá-Areguá, en el predio de la sede de la Gobernación. Sin embargo, la obra ya existía meses antes.
Lo curioso es que pese al rosario de anomalías atribuidas al gobernador, este recibió igualmente elsegundo millón de dólares de parte del Poder Ejecutivo.