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En el dictamen en cuestión, con fecha de 8 de febrero último, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) cerró el caso y remitió los antecedentes a la Dirección de Verificación de Contratos de la institución, para dar seguimiento a la ejecución del mismo. Tiene la firma de las funcionarias Manuela Cristaldo, del departamento de investigaciones, y María Eugenia Otazo, directora jurídica de la institución.
Con este documento, la petrolera tiene luz verde para pagar el anticipo y continuar con el contrato que ya firmó con la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por un monto de G. 195.299 millones (US$ 28,7 millones), para ejecutar este plan. Esta firma, del amigo del vicepresidente Hugo Velázquez, hoy está siendo sumariada por la DNCP por abandonar obras de escuelas y, además, es investigada por los retrasos en la obra del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
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Contrataciones inició una investigación al proceso de esta adjudicación de Petropar, ya que la obra se adjudicó a EISA pese a que ofertó 12% por encima del precio de referencia del llamado y, además, saltaron dudas respecto a la experiencia de la firma en el montaje de un tren de molienda.
En este sentido, el dictamen de la DNCP resaltó que Petropar es responsable de los precios obtenidos y ejecutados en la licitación y señaló que la empresa pública pidió un informe detallado respecto a la composición de los precios que ofertó la empresa.
“Petropar refiere que en el mismo informe de evaluación se constató la variación del 12% del precio ofertado por EISA con la del precio referencial elaborado, sin embargo, en razón a que la conformación del precio referencial fue realizado en el mes de abril del año 2021 y la convocatoria recién se realizó en noviembre del citado año, indica que, resultó preciso considerar que existieron variaciones de los precios y servicios en el transcurso de los meses; tales como el precio del acero, del combustible, el servicio de flete, entre otros”, aseveró.
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Respecto a la experiencia de EISA en el montaje de un tren de molienda, la DNCP manifestó que se pidió un informe la Constructora Vimar, que según la oferta de la firma de Palumbo, apoyó a dicha compañía en el montaje de un trapiche de la planta de la alcoholera de Alpasa, en la ciudad de Bella Vista (Amambay).
“La Constructora Vimar en respuesta al pedido de informe, indica que, la contratación con la firma EISA resultó satisfactoria, señalando que no contaron con ningún tipo de inconvenientes con el cumplimiento del contrato y que la misma fue ejecutada en tiempo y forma”, aseveró.
El titular de la DNCP, Pablo Seitz, expresó que “la adjudicación no tiene irregularidades” y que el caso se envió a “verificación contractual para monitorear el cumplimiento del contrato”. Asimismo, mencionó que sigue el sumario a EISA en el caso del abandono de obras de escuelas y en el caso del Aeropuerto también continúa una investigación que abrió la institución a su cargo.
ABC Color intentó ayer contactar con el titular de Petropar, Denis Lichi, para consultarle si ya concretaron el pago del anticipo a EISA y si seguirán adelante con el contrato, tras el benevolente dictamen de la DNCP, pero no respondió. El director de la Unidad Operativa de Contrataciones del Petropar, Rodrigo Irala, manifestó ayer que “no maneja” esa información.
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Troche, “elefante blanco” de los Gobiernos
La historia de las inversiones de Petropar en su planta alcoholera de Mauricio José Troche, habilitada en 1980, está llena de obras mal encaradas o no ejecutadas y se convirtió en un “elefante blanco” de los gobiernos de turno.
La administración de Mario Abdo Benítez ya inyectó US$ 8 millones en la “modernización” de la planta, con la que pretendían procesar 2.800 toneladas de caña por día, pero esto no se logró. Esta inversión se gestionó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando Patricia Samudio estaba frente a la institución, evadiendo la ley 2051 de Contrataciones Públicas.
En los últimos 15 años se invirtieron al menos US$ 30 millones en la alcoholera y las compras siempre han sido para aumentar la molienda de caña a 3.500 toneladas (capacidad instalada), pero nunca llegó siquiera a las 2.000 ton.
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Una de las “inversiones” por valor de unos US$ 8 millones se realizó bajo la presidencia de Nicanor Duarte Frutos en 2006. Otras adquisiciones por alrededor de US$ 4 millones fueron hechas durante el gobierno de Federico Franco. Justamente, uno de los expresidentes de Petropar de esa época, Sergio Escobar, fue imputado en 2014 por el daño patrimonial de G. 12.000 millones. Había invertido dinero en la electrificación de los molinos, pero la firma MGA Constructora, de Michael Azuaga, incumplió el contrato.