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El primer hecho se registró en el barrio San Pedro Curupayty de Encarnación, donde una perrita de nombre “Princesa” sufrió una brutal golpiza con una madera con clavos.
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Princesa había sido encontrada por su dueña totalmente golpeada, principalmente en zona de la cabeza, y ensangrentada. El animal recibió asistencia médica, pero por la gravedad de las heridas falleció. Los propietarios realizaron la denuncia ante la Policía y la Fiscalía.
El caso recayó en el fiscal Carlos Walter Lugo quien se constituyó en la casa de los dueños de la perrita. Así también, dispuso la realización de otras diligencias como la declaración de los afectados, la exhumación del cadáver de Princesa, para contar con un informe médico veterinario sobre las lesiones y la causa de su muerte.
Supuesto autor detenido
En Capiatá se registró otro caso similar. La cachorra, también de nombre “Princesa” y de apenas ocho meses de edad, acusó un disparo de escopeta por parte de un hombre, cuya detención ya fue ordenada por la fiscala Carolina Martínez, quien indaga el caso de maltrato y crueldad, y violación a la ley de armas.
De acuerdo con datos proporcionados desde el Ministerio Público, el ahora detenido efectuó varios disparos contra el animal con una escopeta de aire comprimido, porque según explicó le molestaba que el animal ingresara a su predio. Finalmente, la perrita falleció.
La agente fiscal solicitó la autopsia del cuerpo de Princesa y el autor del hecho sería imputado por la fiscal interviniente, de acuerdo a la ley de Protección y Bienestar Animal. También, será investigado por violación a la ley de armas. La coordinación se encuentra a cargo de la Fiscal adjunta Patricia Rivarola.
En ambos casos, una vez que los fiscales dispongan medidas en torno a los responsables, los pondrán a disposición del Juzgado Penal de Garantías de turno de cada circunscripción judicial para la imposición de las medidas que vaya a solicitar.
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La Ley N° 4840 de Protección y Bienestar Animal establece multas de hasta 1.000 jornales por maltrato leve y grave. Los hechos considerados muy graves están tipificados como delitos, con una expectativa de sanción de hasta dos años de cárcel o multa, además de una sanción administrativa, que va hasta 1.500 jornales.