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El grupo de animaleros “Pako Rescate Paraguay” organiza y convoca a una manifestación pacífica para este domingo 13 de febrero, a las 17:00. Los puntos de concentración son las costaneras de Asunción y Encarnación, desde donde los asistentes exigirán justicia en forma simultánea ante los lamentables casos de maltrato animal.
La movilización se llevará a cabo bajo la consigna: “Basta de crueldad animal en Paraguay”.
La convocatoria además de exigir justicia para las cachorras de Capiatá y Encarnación, cuyo nombre en común es “Princesa”, es para defender los derechos de los animales y también para solicitar el cambio de autoridades en la Dirección Nacional de Defensa Animal.
Los hechos
Uno de los casos ocurrió en el barrio San Pedro Curupayty de Encarnación, donde una perrita de nombre “Princesa” sufrió una brutal golpiza con una madera con clavos. La cachorra fue hallada por su dueña golpeada, principalmente en la zona de la cabeza, y ensangrentada.
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El animal doméstico recibió asistencia médica rápidamente, pero por la gravedad de las heridas finalmente falleció.
El caso quedó a cargo del fiscal Carlos Walter Lugo, quien ya ordenó la realización de varias diligencias, tanto documentales como científicas.
En Capiatá, se registró otro hecho similar, donde una perrita de ocho meses de vida, también de nombre “Princesa”, fue atacada por un vecino con disparos de una escopeta de aire comprimido. A consecuencia de las lesiones también murió. Según explicó el hombre, lo hizo porque le molestaba que el animal ingresara a su predio.
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La fiscala Carolina Martínez también dispuso la detención del supuesto autor de los disparos, la realización de varias diligencias y estaría imputando al vecino de los dueños del perro de acuerdo a la ley de Protección y Bienestar Animal y violación a la ley de armas.
La Ley N° 4840 de Protección y Bienestar Animal establece multas de hasta 1.000 jornales por maltrato leve y grave. Los hechos considerados muy graves están tipificados como delitos, con una expectativa de sanción de hasta dos años de cárcel o multa, además de una sanción administrativa, que va hasta 1.500 jornales.