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Masi recordó que en la Cámara de Senadores, algunos casos de pérdida de investidura contra algunos legisladores se iniciaron sin tener asegurada la mayoría requerida pero terminaron aprobándose gracias a la presión ciudadana.
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Se manifestó optimista sobre la posibilidad de que se reúna la mayoría de dos tercios de votos para aprobar la acusación contra Sandra Quiñónez en la Cámara de Diputados.
Apuntó que hay algunos legisladores que están de viaje, especialmente de los colorados, que estarían de vuelta la próxima semana y se reunirán para definir una postura. Señaló que eso será clave para la aprobación del libelo acusatorio.
Sobre la opinión de algunos dirigentes de la oposición de que el oficialismo no tendría voluntad real de llevar adelante el juicio político a Quiñónez, Masi señaló que la próxima semana se verá cuál es realmente la postura que tienen.
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Por otro lado, la legisladora del PDP puntualizó que es falsa la versión de que si la fiscala general es destituida del cargo, asumirá en su lugar la fiscala adjunta Lourdes Samaniego. Indicó que en la línea de sucesión antes que ella están el fiscal Marcos Alcaraz, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico, y Soledad Machuca, fiscala adjunta de Anticorrupción.
Votos
El mecanismo para el juicio político establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional establece que la acusación contra un alto funcionario –en este caso la fiscala general del Estado– debe ser formulada por la Cámara de Diputados, con una mayoría de dos tercios de los presentes. Esto significa que si están los 80 diputados presentes, deberán haber al menos 53 votos.
Las bancadas de la oposición, en caso de votar en bloque, no alcanzan ese número e indefectiblemente necesitarán de votos del oficialismo.
No obstante, en primer lugar deberán asegurar los votos propios y, al respecto, hay desconfianza sobre la postura que puedan asumir algunos diputados liberales.
El llanismo ya manifestó públicamente su postura, a través del senador Fernando Silva Facetti, de que no existen causales.
En caso de que la acusación sea aprobada en la Cámara de Diputados, el libelo acusatorio pasará al Senado, donde se realizará el juicio políticamente propiamente dicho, con los diputados designados como fiscales acusadores.
Para aprobar la acusación y destituir a la fiscala general, es necesaria una mayoría absoluta de dos tercios, es decir 30 votos.
También en este caso la oposición necesitará el respaldo de algunos votos de senadores colorados.