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Un patrimonio familiar neto de más de más de G. 48.536 millones (unos US$ 6,9 millones) es lo que declararon en conjunto siete miembros del clan Zacarías Irún ante la Contraloría General de la República.
Así lo revelan las declaraciones juradas que los mismos presentaron ante el ente de control.
El clan es encabezado por el imputado senador colorado Javier Zacarías Irún, excartista. El legislador declaró en 2018 un patrimonio neto de más de G. 20.735 millones.
Zacarías Irún llegó a la Intendencia de Ciudad del Este en 2001 y presentó su declaración jurada de bienes en 2002. En ese entonces no tenía siquiera vehículo propio y declaraba ser propietario de un solo inmueble.
El patrimonio del legislador se incrementó exponencialmente entre 2007 y 2018, cuando se desempeñó como asesor “ad honorem” de su esposa.
El crecimiento de la fortuna de la pareja que gobernó durante 18 años a Ciudad del Este, coincidió con denuncias de desvíos de dinero y licitaciones amañadas en favor de sus amigos.
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El mayor incremento de bienes se registró a partir de 2013, con la llegada de su otrora aliado Horacio Cartes a la Presidencia de la República. Los Zacarías-McLeod alcanzaron, estando en la función pública, una vida de lujos y ostentación.
De no tener vehículo, el senador colorado pasó a ser propietario hasta de su propio avión. De contar con solo un inmueble, pasó a ser un empresario inmobiliario y dueño de departamentos
La lista sigue con la esposa del legislador, la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra Mc Leod de Zacarías, quien fue destituida luego de una intervención que detectó un sinfín de irregularidades en su administración.
En la última manifestación de bienes que presentó ante la Contraloría, McLeod declaró un patrimonio neto de más de G. 5.822 millones.
Todo en familia
El tercer miembro del grupo familiar es el diputado Justo Aricio Zacarías Irún, quien fue también gobernador del Alto Paraná y ocupó cargo de director en la Itaipú Binacional.
En la manifestación de bienes presentada en 2018, el diputado declaró un patrimonio de G. 8.177 millones. A pesar de haber tenido un recorrido más extenso por varios cargos con remuneraciones codiciadas, Justo no alcanzó ni la mitad del patrimonio de su hermano Javier.
El diputado fue objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal junto a otros miembros de su familia.
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A ellos se le suma María Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías y diputada suplente de Alto Paraná. La legisladora colorada declaró un patrimonio de G. 6.531 millones.
La siguiente en la lista es la hermana de la diputada, la fiscal María José Abed. La representante del Ministerio Público declaró un patrimonio neto de G. 4.646 millones en la última manifestación de bienes que entregó a la Contraloría.
La nueva generación
A todos ellos hay que sumar a los miembros de la nueva generación familiar. Alejandro Zacarías McLeod, hijo del senador y la exintendenta de Ciudad del Este, llegó a concejal de la capital del Alto Paraná.
El edil declaró un patrimonio neto de G. 552 millones en diciembre del año pasado.
La lista se cierra con Natasha Zacarías McLeod, prima de Alejandro e hija del primer matrimonio del diputado Justo Zacarías.
Natasha es funcionaria de la Itaipú Binacional y declaró un patrimonio neto de G. 2.070 millones.
A todo ellos habría que sumar la larga lista de contactos con fiscales, jueces, funcionarios y proveedores del Estado. Sin embargo, el recuento se limita -en esta oportunidad- al ámbito netamente familiar.
Causa cajoneada en Corte
El 18 de mayo de 2020, el abogado Ricardo Preda presentó una excepción de inconstitucionalidad en el expediente caratulado “Sandra María McLeod y Ernesto Javier Zacarías Irún s/ Declaración Falsa”. El letrado atacó el artículo 243 del Código Penal (Declaración Falsa) y sostuvo que el mismo atenta contra el artículo 18 de la Constitución Nacional.
La excepción planteada hace un año y casi nueve meses, hasta ahora no fue resuelta, pese a la importancia de lo que pueda decir la Corte, ya que la misma va a definir si la declaración jurada falsa ante la Contraloría es hecho punible, así como sostienen el Ministerio Público y muchos jueces que condenan por este delito. Otros magistrados, sin embargo, comparten la postura de Preda y de otros abogados que ejercen la defensa de políticos y personas con poder económico.
La dilación de la Sala Constitucional traba la continuidad del proceso a Zacarías Irún y su esposa. No se puede hacer la audiencia preliminar en la que el juez actual de la causa Mirko Valinoti, definirá si ella irá o no a juicio.