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La odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y el anestesista Adrián Cayetano García Servín, imputados por homicidio culposo y comercialización de medicamentos no autorizados, cumplirán prisión preventiva por orden del Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala, que en mayoría decidió revocar las resoluciones de los jueces de Garantías Gustavo Amarilla y Yoan Paul López, quienes habían dictado el arresto domiciliario de ambos procesados.
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Por voto en mayoría los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría, el tribunal de alzada hizo lugar a la apelación planteada por el fiscal Aldo Cantero, y ordena la prisión preventiva de los profesionales, sindicados como responsables de la niña Tirza Belén Portillo Franco, de 9 años, ocurrido el 12 de noviembre de 2021 Asunción, en el consultorio odontológico “Mommy Dent”.
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El camarista Delio Vera Navarro indica en su voto que las garantías ofrecidas por los procesados son insuficientes para desvirtuar el peligro de fuga, teniendo en cuenta el estado incipiente de la investigación y que ambos son colegas en la rama médica, por lo que podrían influirse y afectar el presente proceso penal.
Por su parte la camarista Bibiana Benítez Faría se adhirió al voto de su colega Vera Navarro, confirmando así la revocatoria del arresto domiciliario que otorgaron los jueces de garantías y ordenado que los procesados cumplan prisión preventiva.
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El camarista preopinante José Agustín Fernández votó por ratificar el arresto, ya que a su criterio las medidas impuestas por los jueces de primera instancia son suficientes para garantizar el sometimiento de los imputados al proceso.
Clínica no estaba habilitada
Esta causa se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 12 de noviembre, en la clínica odontológica “Mommy Dent”, situada en Loma Pytã, Asunción, que no estaba habilitada por el Ministerio de Salud.
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Según la imputación a las 7:30 de ese día la niña de 9 años llegó acompañada de sus padres a la clínica, para ser sometida a un tratamiento de conducto que le realizaría Obertino Leguizamón. La pequeña tuvo dos consultas anteriormente, el 15 y el 20 de octubre.
Por el tratamiento, la madre abonó la suma de G. 3.350.000 a la odontóloga, quien estuvo a cargo del procedimiento dental.
También participaron el anestesista, quien puso a dormir a la niña administrándole sedantes y anestesia. Sin embargo, tras culminar el tratamiento la menor de edad ya no habría despertado, produciéndose su muerte por un paro cardiorrespiratorio secundario a un shock anafiláctico, a las 11:00, según la imputación.