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Este proceso se inició con un allanamiento realizado al Indert por el fiscal Rodrigo Estigarribia el 19 de octubre del 2020, ante una denuncia por presuntos pagos de soborno y otros delitos, que derivó en la apertura de dos causas: una por el pedido de una coima de US$ 200.000, a cargo del juez José Agustín Delmás y, otra por un pedido de coima de US$ 20.000, a cargo del juez Mirko Valinotti.
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En aquel entonces, resultaron procesados el titular del Indert, el abogado Mario Alfredo Vega Mereles, el jefe de Gabinete de la presidencia de la institución, José Luis Clerch Almada; el director de Asesoría Jurídica, Aldo Eduardo León; el exdirector administrativo del Indert, Diego De los Ríos Baquer; el representante de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), Pedro Martín Benítez Almirón, y la directiva de dicha ONG, Patricia Báez.
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En una audiencia realizada esta mañana para definir la situación de Aldo León, el fiscal Rodrigo Estigarribia se ratificó en su acusación y pedido de juicio oral y público para el letrado, por cohecho pasivo, cuya expectativa de pena es de hasta 3 años de pena privativa de libertad.
“(...) el acusado se habría dejado prometer dinero, así también, en la fundamentación se detallan los elementos de convicción que motivan los hechos. El más relevante, es la grabación autorizada judicialmente de las conversaciones tenidas entre el acusado y la víctima en el cual simplemente hay que oírlo para llegar a los hechos. Además, cruce de llamadas, copias autenticadas de los expedientes administrativos que supuestamente iniciaron la “negociación”. Esta circunstancia fáctica sostenida por los elementos de convicción, dan al Ministerio Público probabilísticamente la posición de solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público (...)”, argumentó el fiscal Estigarribia.
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Argumento de la defensa
A su turno, la defensa, a cargo de la abogada Sara Parquet de Ríos, insistió en que no existen pruebas directas de la responsabilidad de su defendido en los hechos investigados.
“El señor Aldo León ese 20/10 y días posteriores ha presentado su renuncia como asesor jurídico del Indert, la CSJ en un arrebato de supuesta diligencia suspende al sr. Aldo León su calidad de abogado, suspende su matrícula como abogado y desde el 2020 el mismo no tiene trabajo con salario fijo, no tiene hasta hoy día levantada la suspensión de su matrícula para el ejercicio de la profesión. Él nunca ha sido procesado en causa alguna. no tiene antecedentes penales, el mismo tiene familia, tiene hijos que atender y lo que necesita es reinsertarse, empezar a trabajar de nuevo y en ese sentido pide la consideración de poder dar una salida alternativa a la presente causa (...)”, argumentó Parquet, al solicitar el procedimiento abreviado para su defendido.
Parquet, quien explicó que antes de trabajar en la función pública León trabajó en el estudio jurídico Ríos Ávalos, de su esposo Bonifacio Ríos Ávalos, ofreció así concluir la causa con una condena de multa a ser establecida por el juzgado.
Cambio de postura de la Fiscalía
Ante el planteamiento de León, el fiscal Estigarribia cambió de postura y accedió a la pretensión de la defensa de establecer una condena por la vía del procedimiento abreviado. En consecuencia, planteó la aplicación de una condena de 2 años de pena privativa de libertad pero con suspensión a prueba de la condena para que no tenga que ir a la cárcel, además de prohibición de contactar con la víctima y para la reparación del daño social, el monto que el juzgado estime conveniente.
Tras escuchar los planteamientos de las partes el juez resolvió dar trámite de oposición, a fin de que la Fiscalía General del Estado verifique la actuación del fiscal inferior y determine si ratifica o rectifica su requerimiento final.