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Las inconsistencias en los documentos de respaldo (facturas) presentados por el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el imputado Tadeo Álvarez, fueron comprobadas (circularización) con los proveedores, dice la observación número diez del informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del 2020) entregados al imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. El dinero público fue transferido a ese organismo por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia por el covid y debía ser destinado a la reactivación económica del departamento.
![Conclusión de la observación número 10 del lapidario informe final de la Contraloría.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/KCFR7M7GBJH5ZP7A4XVUJBKRUM.png?auth=4a098299b9182d5b73d8153bf854043ec397e8561e64e100a048f548b6947fe3&width=770&smart=true)
Según los auditores, las facturas no utilizadas, no autorizadas, anuladas y de dudosa veracidad, son por más de G. 1.064 millones de los G. 5.105 millones recibidos por la ONG CIAP. El actual jefe departamental, el exanimador de fiestas Hugo González, entregó aquel dinero público a dicha entidad “sin fines de lucro” para la realización de obras diversas, según los acuerdos firmados y adjuntados a la rendición de cuentas.
No coincide
CIAP presentó facturas de Augusto M. Barrail para justificar la inversión de los recursos públicos. Sin embargo, los auditores verificaron con el citado proveedor y encontraron que los comprobantes no coincidían con la razón social y cifras presentadas por la ONG.
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Para ejemplo está el comprobante Nº 0426 del 01/02/2021 que CIAP presentó por un monto de G. 42 millones. En el archivo de la empresa, sin embargo, este número de comprobante es por una cifra menor, de G. 11 millones, a nombre de otra persona y para mayor sorpresa, está anulado.
Otra factura en similar situación es la número 0427 del 26/02/2021 por G. 29 millones. El documento también está a nombre de otra persona y por un monto de G. 11 millones.
![Comparativo de facturas de Augusto Barrail realizado por los auditores del ente de control.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/EOFUPU6CHVESTJYSPKLZGHYHDU.png?auth=6d170a5bf1e71692b1166fd696991b50f4e65f33414d7177dbb5bb366ee09e4c&width=770&smart=true)
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), además del Ministerio Público, habían confirmado hace meses esa misma situación. La CGR tardó nueve meses para reconfirmar la irregularidad.
Otra anomalía detectada por el ente de control es que el proveedor Antonio Rodolfo Arpea Chávez confirmó la entrega de sus facturas a CIAP. Empero, ambas fueron anuladas por falta de pago de la ONG.
Más de G. 3.211 millones
La CGR intentó comprobar la veracidad de los comprobantes de otros cinco proveedores de la ONG CIAP y el Consejo Regional de Salud, este último presidido por Hugo Cabrera. Sin embargo, no se pudo localizar a las empresas. Hugo Javier se abstiene de declarar y dice que reunirá “más pruebas”
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Se trata de Grupo Metalúrgico y publicitario MG de Miguel Gutiérrez, Asunción Ofertas de Édgar Daniel Arriola, Distribuidora Santo Domingo de Emilia Ovelar, E & D de Edelio Eloy Martínez y Óscar Morel Oses. Los comprobantes suman, incluidos Barrail y Arpea, más de G. 3.211 millones, según el informe de la CGR.