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La resolución de ratificación del Tribunal tiene fecha 4 de febrero de este año y es en respuesta a la recusación planteada contra la magistrada María Elena Cañete del Juzgado Penal de Garantías Nº 1, de San Lorenzo, planteada el pasado 25 de enero. Pero, desde el Juzgado informan que existen otros recursos previos planteados que están siendo analizados por la magistrada y que podrían resolverse en la brevedad posible. Hasta que los mismos no sean resueltos, la audiencia de imposición de medidas, seguirá postergándose.
El gobernador de Central, Hugo Javier, junto a otras 14 personas fueron imputados el pasado 1 de noviembre por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en la causa investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia. Desde entonces la defensa ejercida por los letrados Arturo Daniel, Andrés Casati y Fausto Portillo, presentaron innumerables chicanas y de todo tipo para dilatar el proceso penal.
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Finalmente, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen organizado y Anticorrupción, representado por los camaristas Bibiana Benítez Faria, Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias, rechazó por unanimidad el último recurso planteado. Se trata de la recusación general de la jueza María Elena Cañete, donde se resolvió “no hacer lugar” a lo solicitado, además de “advertir a los recurrentes la necesidad del uso correcto de los recursos evitando con ello acciones dilatorias que no son propias de una buena defensa técnica”, dice la resolución.
Los abogados Daniel y Casati solicitaron a la jueza Cañete “excusarse de continuar entendiendo en este proceso”, pero en vista que la magistrada no se apartó, la recusaron. La defensa de Hugo Javier, insiste en que el caso debe ser atendido por jueces imparciales y acusan a Cañete de preopinar en una resolución de otro recurso presentado por otra defensa en la misma causa, por lo que solicitan la inmediata separación de la misma del caso.
Primeramente la magistrada Cañete deberá resolver una serie de recursos planteados por la defensa de Hugo Javier. Luego se fijará fecha para la audiencia de imposición de medidas. La agentes del Ministerio Público solicitación en el acta de imputación que el gobernador sea apartado de su cargo y o vuelva a ingresar a la institución departamental mientras dure la investigación, al igual que los otros funcionarios imputados por las mismas razones que González.
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También fueron imputados contratistas y miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo (imputado) a quien Hugo Javier entregó G. 5.105 millones para la construcción y mejoramientos en espacios públicos.
Además de CIAP, el Consejo Regional de Salud representado por el doctor Hugo Cabrera, también recibió. 1.276 millones. El dinero forma parte del fondo de emergencia por covid-19 de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para la reactivación económica durante la pandemia.
En la rendición de cuentas aparecen varias facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, facturas a créditos sin recibos de cancelación y obras que aparentemente fueron pagadas con fondos de otros rubros, ya que antes del desembolso del millón de dólares, dichas obras ya existían.
Las innumerables irregularidades fueron confirmadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y también por el Ministerio Público.
Se abstuvo de declarar
En el marco de esta investigación, el fiscal Rodrigo Estigarribia convocó a Hugo Javier para el día de hoy, para su declaración indagatoria. Sin embargo, el administrador departamental se abstuvo de declarar y dijo que seguirá reuniendo documentación, que tiene “todos los papeles y las obras están”. Insistió en que tiene “todos los papeles” y reiteró que “las obras están”. A la vez, mencionó que sigue asistiendo con normalidad a la Gobernación y hace oficina en su despacho.