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En la mañana de ayer en el local del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se realizó una reunión con integrantes del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay (CONAP), del que forma parte el Colegio de Abogados del Paraguay.
Justamente, el titular de este último gremio, Abog. Manuel Riera, agradeció la recepción y el seguimiento que realiza el Jurado, a la denuncia sobre escuchas ilegales que fue autorizada por un juzgado penal de garantías para que entidades antidrogas, puedan realizar espionaje telefónico a los abogados que ejercen defensas en un caso de narcotráfico.
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Riera dijo: “El tema de las escuchas ilegales que denunciamos al Jurado en términos formales, y de hecho fue la única institución que realmente reaccionó. Ni el Ministerio del Interior, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Fiscalía General del Estado le dieron ‘pelota’ a esto, pero sí el Jurado, de allí que nos alentó porque estamos esperanzados en saber qué tan lejos pueda ir la investigación del Jurado”.
Corporativismo para encubrir
Riera seguidamente acusó: “Hay un inmenso corporativismo detrás de la figura de la jueza denunciada, con apoyo y anuencia directa de la Corte Suprema de Justicia en un tema super delicado que es el de intervenir las llamadas privadas de los abogados en las comunicaciones con sus clientes, este es un tema muy puntual”.
La jueza penal de garantías de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía, y el fiscal antidrogas Eduardo Royg Acha son los operadores de justicia sobre quienes se ha realizado la denuncia ante el Jurado y sobre ellos éste órgano tiene competencia para resolver si hubo o no mal desempeño de funciones. “Desde el Colegio de Abogados le estamos dando el seguimiento a esta denuncia”, indicó Riera.
Tras el escándalo, la Corte Suprema de Justicia, sin realizar la investigación previa requerida, había emitido un comunicado a la opinión pública en la que determinó que no hubo irregularidad en la determinación de la jueza Rosarito Montanía, en autorizar la escucha telefónica al abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta, quien en ese momento se desempeñaba como defensor de un procesado por narcotráfico.
BAJO SUMARIO
La Superintendencia General de Justicia notificó ayer a los abogados denunciante Marciano Daniel Lobo Corbeta, con matrícula de la Corte N° 7760, y Gabriel Armando Rodríguez Palacios, con matrícula de abogado N° 8621, en la que realizan un emplazamiento para que los profesionales del derecho en 9 días hábiles ejerzan sus defensas ofreciendo las pruebas que hacen a sus derechos.
El emplazamiento a los abogados es en el marco del “Sumario administrativo a los abogados Marciano Daniel Lobo Corbeta y Gabriel Armando Rodríguez Palacios por presuntas irregularidades”.
Según un análisis técnico de una oficina disciplinaria de la Corte Suprema, los abogados Lobo Corbeta y Rodríguez Palacios, habrían incurrido en “inconducta en el ejercicio de la profesión por supuesto uso de lenguaje indebido, previsto en el Art. 24 inc d) de la Acordada N° 709/2011, que dispone: Realizar actos de violencia, amenazas, injurias o maltrato a magistrados, funcionarios, otros profesionales u otras personas, durante el ejercicio de su actividad forense, ya sea de palabra o por vías de hecho, siempre que la falta no sea de competencia de los jueces y tribunales conforme con el art. 236 del Código de Organización Judicial y 17 del Código Procesal Civil”.
Con relación al abogado Rodríguez Palacios se le acusa de haber violado lo que dispone el Art. 26 de la Acordada N° 709/2011, según el incido d), que describe: “Faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.
Antecedentes
La denuncia sobre escuchas irregulares hace referencia a la autorización otorgada por la jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía para interceptar la comunicación de la línea telefónica perteneciente a Lobo Corbeta. Refiere que fue a pedido del fiscal Eduardo Royg, en la investigación relacionada con la incautación del cargamento de 3.415 kilos de cocaína, interceptada en Fernando de la Mora por la Policía en julio de 2021, caso en el que se encuentran procesados José Dubini Franco (defendido de Lobo) y su hijo Juan José Dubini Verdún.
Precisamente esta autorización sirvió de base para que el abogado Lobo Corbeta recusara a Montanía, pero el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado descartó separarla del caso.
En octubre de 2021, el Colegio de Abogados del Paraguay, presidido por Manuel Riera, solicitó a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior que tome medidas para sancionar a la jueza, al fiscal y a la jefa de la Unidad de Inteligencia Sensible, Laura Vega de Oliver, por lo que calificaron de actuación irregular e inconstitucional.