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A través de sus redes sociales, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, anunció la apertura de una causa penal sobre la organización del evento denominado Ja’umína Fest.
“He dispuesto la apertura de una causa penal para la investigación de la responsabilidad de los organizadores del evento denominado Ja’umína Fest, desarrollado en fecha 30 de enero en la ciudad de San Bernardino y que acabó trágicamente”, escribió en Twitter.
Según lo indicado, los organizadores del evento serán investigados para determinar su responsabilidad en el fatal desenlace del concierto, en el que murieron dos personas en un hecho de supuesto sicariato.
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Son tres las fiscalas asignadas a dicha investigación: Luz Guerrero, Natalia Silva y Laura Giacummo.
La causa penal contra los organizadores del evento, la productora G5PRO, se da luego de que testigos del atentando mencionaran que los controles en el evento fueron nulos y que familiares de una de las víctimas fatales (Cristina “Vita Aranda) mencionaran que las ambulancias contratadas para el auxilio de heridos eran precarias y no contaban con los elementos básicos para la asistencia a las personas.
Cabe recordar que tras el fatal tiroteo en el anfiteatro José Asunción Flores, el festival Ja’umína fue suspendido. Desde la organización del evento fue emitido un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido y alegaron que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer el hecho.
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Sin controles y ambulancias precarias
Además de los asistentes, dos testigos presenciales de la muerte de “Vita”, su esposo Iván “Tito” Torres y el hermano de la fallecida, José Aranda, coincidieron en sus relatos de que al ingreso al festival no se efectuaron controles. También expresaron que la ambulancia en la que la joven fue asistida no contaba con los elementos básicos y era sumamente precaria.
En el marco de las investigaciones por el atentado en San Bernardino este viernes fue clausurada la empresa Servicio de Ambulancia y Emergencia (SAE), contratada para el festival Ja’umína en San Bernardino, por no estar inscripta en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud.
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