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El suboficial Félix Ayala y el suboficial Ramón Vargas fueron detenidos, el miércoles de noche, en el Departamento Judicial en Asunción y la Dirección de Policía de Ñeembucú, respectivamente. Hoy a la mañana se abstuvieron a declarar en su audiencia indagatoria ante el fiscal Rodrigo Estigarribia.
Ambos están imputados por la supuesta comisión del hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. Además, tienen pedido de prisión preventiva que deberá resolver hoy el juez penal de garantías Miguel Palacios en la audiencia de imposición de medidas, pautada para las 8:00.
Estigarribia señaló en cuanto al hecho investigado, “tenemos los elementos de sospecha de que habían ingresado para la modificación que no corresponde, pero también ingresaron para cargar los datos que son reales. No se les puede sindicar penalmente por las veces que ingresaron, solo por las veces que hicieron modificaciones, pero eso ya es concurso”.
Añadió que la expectativa en el caso es de hasta cinco años de pena privativa de libertad, pero por las reiteraciones podría ascender a siete años. Pues, según registros de la Policía Ayala ingresó en cinco ocasiones y Vargas en seis oportunidades para modificar el perfil de José Bogado, uno de los cinco heridos en el Ja’umína Fest de San Bernardino, en el que murieron Marcos Ignacio Rojas Mora (29 años) y Cristina Isabel Aranda Torres (29), conocida en redes sociales como Vita Aranda.
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Análisis de patrimonio
El agente del Ministerio Público manifestó además que ya cuentan con las declaraciones juradas, que se encuentran cargadas públicamente, ya que son funcionarios públicos, pero hasta el momento “no se detectaron incrementos en sus patrimonios, pero ya accedimos lo que está en el sistema público”. En todo caso, la Contraloría General de la República debería señalar el aumento.
Conexión
Con relación a la conexión entre Ramón Vargas, Félix Ayala y José Bogado, sobre las modificaciones de la situación penal de este último, Estigarribia dijo que “si bien estaban geográficamente en lugares diferentes, la función de ellos era cargar estos datos y según estuvimos corroborando en el departamento, cualquier personas, de cualquier departamento, puede cargar cualquier información de cualquier circunscripción”.
En otro momento agregó “no descartamos que pueda haber dinero de por medio, y ahora ya iniciamos los oficios pertinentes para ver las cuestiones patrimoniales ante un eventual cohecho o un lavado de dinero”.
Aclaró que todo se va a verificar, pues la modificación de perfiles penales en el sistema informático policial solo se puede realizar desde una computadora conectada a la red interna de la Policía, con el usuario y contraseña que se les brinda. Sin embargo, no hay un protocolo para las acciones de cada perfil.
Declaraciones de Giuzzio alertaron a policía
El lunes último los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, habían intervenido las oficinas del Departamento de Informática de la Policía.
En forma paralela lo hizo una comitiva del Ministerio del Interior, encabezada por el titular de la cartera Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, quien brindó declaraciones tras finalizar el procedimiento y en las mismas nombró a los suboficiales hoy imputados. Incluso, en esta ocasión señaló que en 27 ocasiones se ingresó al perfil de Bogado, cuando en realidad fueron 13 oportunidades, según el historial informático.
De acuerdo con fuentes a las que accedió ABC, las declaraciones de Giuzzio permitieron que el suboficial Ayala salga del Departamento Judicial y proceda a eliminar algunos elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos su teléfono celular.
El peritaje del teléfono de Ayala iba a permitir conocer si tuvo o no comunicación con Vargas o incluso con el propio Bogado, para recibir las órdenes de este o alguna otra actividad. Es decir, iba a servir para armar la conexión.