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Luego de más de 10 años de haberse iniciado la investigación penal, recién el miércoles pasado se pudo iniciar la audiencia preliminar, en una causa sumamente chicaneada por los acusados de lesión de confianza, procesados por la construcción, supuestamente innecesaria, de celdas en 24 comisarías.
La preliminar está a cargo de la jueza Penal de Garantías N° 2 Alicia Pedrozo Berni, en la que están acusados por lesión de confianza el exministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo, Rafael Filizzola, junto con otros tres procesados. La audiencia prosigue este viernes a las 8:30.
También fueron acusados por el mismo hecho punible los funcionarios del Ministerio del Interior Aníbal Muñoz Fernández, Juan Fernández Aguirre y Fernando Sakoda Giménez, para quienes, igualmente, el fiscal de la causa Néstor Coronel solicitó en la audiencia preliminar que enfrenten juicio oral y público.
Los cuatro acusados por lesión de confianza solicitaron al juzgado el beneficio de la prescripción del proceso penal, por haber transcurrido más del doble de la pena prevista para el hecho punible de lesión de confianza, que tiene una expectativa de condena de hasta 5 años de prisión, según el tipo base.
Al haber transcurrido más del doble de la pena señalada, debe operar la prescripción, refieren las defensas.
La Corte, asimismo, colaboró para que la dilación extrema beneficie a Filizzola. La Sala Constitucional tardó 5 años para resolver un incidente.
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Sin embargo, el representante del Ministerio Público, Néstor Coronel, se ampara en lo que dispone el Código Penal que taxativamente dice: “Artículo 103.- Suspensión: 1º) El plazo para la prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada. Esto no regirá cuando el obstáculo para la persecución penal consista en la falta de instancia o de la autorización prevista en el artículo 100.
El fiscal Néstor Coronel refiere que las innumerables chicanas planteadas por las defensas a lo largo del proceso penal fueron un impedimento, un obstáculo que paralizó el normal desarrollo de la causa. Esta situación debe ser considerada por la jueza Pedrozo Berni, de modo a evitar conceder la impunidad de los procesados, refiere el agente.
De igual manera, el fiscal Coronel también sostiene que hay “vigencia material porque aún existe tiempo para someter a juicio hechos que consideramos punibles”, indicó.
Pedido de suspensión
La Fiscalía pidió en su acusación la suspensión condicional del procedimiento para Andrea Adle, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Apolonio Giménez, propietario de Todo Verde, situación que fue ratificada en la audiencia preliminar por el Ministerio Público.
El hecho
En diciembre de 2013, la Fiscalía había imputado por lesión de confianza a Filizzola y los demás procesados Aníbal Muñoz Fernández, Juan Fernández Aguirre y Fernando Sakoda Giménez,
Las obras de construcción de celdas se iniciaron el 25 de enero de 2011, y según el contrato, en un plazo de 60 días debían estar concluidas 23 comisarías. En tanto que 90 días era el tiempo establecido para la comisaría número 19, ubicada en barrio Jara.
Fue así que el 25 de enero de 2011 empezaron las obras y dos días después, el Ministerio del Interior pagó la totalidad del monto establecido en el contrato.
A Filizzola se le cuestiona haber llamado a licitación sin que existiera una necesidad ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas.
También le acusan por ordenar el pago, teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras eran de 60 y 90 días y que conforme a la fecha del llamado y el proceso administrativo, las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313, según fiscalía.
También le cuestionan que no ejecutó las pólizas por el incumplimiento de la entrega de las obras en el plazo establecido, lo que ocasionó un perjuicio de G. 565.906.250.
Filizzola tiene otro proceso relacionado con la compra de inservibles helicópteros para la Policía Nacional, por unos G. 50.000 millones.