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El fiscal Ángel Ramírez manifestó sobre el Acuerdo y Sentencia N° 1281 del 30 de diciembre de 2021, emanado por la Sala Penal, del que aún no fue notificado, que “probablemente pida una aclaratoria y luego me iré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia es para mí un retroceso para todos los que integramos la familia judicial. Hay fallos de la anterior Sala Penal (integrada entonces con Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera) que sostenían un criterio distinto al dictado en diciembre pasado”, explicó.
A pesar de que Benítez Riera había integrado la Sala Penal que benefició con el pago de haberes atrasados en un pedido similar que solicitó entonces la exfiscala Carmen Osorio Sanabria contra una resolución del Ministerio Público, en esta ocasión, el magistrado cambió de posición con relación a la apelación de Ramírez.
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Ante el rechazo del cobro de sus “gastos de representación”, Ramírez se preguntó: “¿Ahora qué fiscal o juez se va a animar a decirle ‘no’ cuando un político o alguien que tenga influencias en el Jurado solicite algún ‘favor’”?.
Agregó: “Luego de un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y aunque logres demostrar tu inocencia y así lo declaren ‘ya no vas a cobrar’ lo que te corresponde. Y es sabido que al estar suspendido no podés ejercer la profesión de abogado. En síntesis, aunque seas inocente, salís perjudicado, aunque seas absuelto”.
También dijo que “es consciente de que el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es largo, pero aún así seguiré buscando que se me haga justicia”.
La justificación de la Corte
“En ninguna parte de su escrito (del fiscal Ramírez) se explica en forma clara los motivos que hacen al recurso de apelación interpuesto, sino únicamente es una breve expresión de disconformidad con la conclusión a la que arribó el Tribunal de Cuentas en el presente caso, solicitando que se resuelva en el mismo sentido de la sentencia cuya copia agrega el recurrente. Así, se observa que el apelante no realiza una crítica razonada y sobre todo concreta de los fundamentos del fallo emitido en el caso en estudio, tendientes a demostrar los errores que atribuye al juzgador, en cuanto a la apreciación de los hechos, de la prueba, en la interpretación y aplicación del derecho”, manifestó el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, a cuyo voto se adhirieron los ministros María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.
De esta manera, la Sala Penal de la Corte declaró desierta la apelación del fiscal Ramírez, y confirmó el Acuerdo y Sentencia N° 29 del 4 de febrero de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, que a su vez había ratificado la Resolución N° 6772 del 30 de diciembre de 2019, dictado por el Ministerio Público por el que rechazó el pago de gastos de representación solicitado por el agente Ramírez.
La venganza
El fiscal Ángel Ramírez había investigado penalmente a la escribana Nélida Chaves, esposa del exlegislador colorado y entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher (ya fallecido). Este antecedente (investigación a la escribana) fue el detonante para que Ramírez sea a su vez investigado por el Jurado por supuesto mal desempeño de funciones, en la causa “Arístides Morales s/ estafa”, en el que luego fue también suspendido en sus funciones y privado de cobrar de sus beneficios, entre ellos los gastos de representación.
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Ramírez cuando fue absuelto por el Jurado, luego del escándalo de los audios filtrados, donde se constató el grado de aprietes a jueces y fiscales por parte de miembros del JEM, especialmente de González Daher, solicitó el pago de sus haberes, entre ellos los gastos de representación que ascendían a unos G. 32 millones, que no fueron abonados por el Ministerio Público, correspondientes a los 9 meses de suspensión en sus funciones.