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Se trata del segundo llamado que lanzó la institución para la contratación directa por vía de la excepción para los trabajos de dragado del río Paraná, en el tramo comprendido entre Yacyretá y su confluencia con el río Paraguay.
La firma Ingeniería y Topografía de Caminos SA. (T y C SA), de Francisco Griñó, fue adjudicada con el lote 1 que va desde Paso Loro Cuarto km 1.458 hasta el Paso San Pablo km 1.401, con un monto máximo G. 14.940.000.000, atendiendo a que se trata de un contrato abierto.
Por su parte, Terminal Occidental SA (Tosa), de Conrado Hoeckle, estará a cargo de las tareas del lote 2 desde el Paso Carpinchuelo km 1.385 hasta Paso de Patria, por un monto máximo G. 14.374.500.000.
Esta nueva convocatoria del MOPC se lanzó luego de que la cartera haya cancelado en diciembre pasado otro llamado para el dragado del río Paraná, después de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) haya anulado la adjudicación, tras una protesta presentada por la empresa Tosa.
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El primer llamado se adjudicó a la firma TyC SA, en agosto del año pasado, por un monto de G. 26.580 millones, la oferta más barata, pero fue impugnada por la empresa Terminal Tosa, que propuso en ese entonces un precio máximo de G. 33.742 millones. Esto significa que la adjudicación actual, para la misma obra, es G. 2.734 millones más cara.
Pero ante la protesta de Tosa, la DNCP inició una investigación y a través de una resolución N° 4.152/21, de setiembre último, ordenó al MOPC la anulación de la adjudicación por una cuestión administrativa atribuible a la convocante. Además, pidió a la institución que reevalúe las ofertas de los cinco oferentes que participaron.
Tras esta reevaluación, el MOPC resolvió en diciembre anular el llamado e informó que en la brevedad lanzará una nueva convocatoria, con modificaciones, que es la que ahora de se adjudicó con un precio más caro.
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“Error involuntario” costará G. 2.734 millones más al Estado
La impugnación de Tosa y la anulación del llamado anterior, donde la adjudicación fue 2.734 millones más barata, fue porque las ofertas fueron evaluadas por un funcionario que no estaba facultado para hacerlo, ya que no fue nombrado como integrante del Comité de Evaluación de ofertas a través de una resolución.
Según Tosa, el funcionario Rodrigo Fretes Llanes, director y secretario privado del MOPC, evaluó, firmó y recomendó la adjudicación, sin ser parte del Comité de Evaluación, porque no figura como tal en los documentos especiales.
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Si bien el MOPC sacó otra resolución para designar a Fretes Llanes como integrante del Comité de Evaluación, en la misma se refirieron a que dicho funcionario era abogado, cuando éste firmó como licenciado en el dictamen de evaluación. Obras Públicas alegó que se trató de un error involuntario, pero pese a ello, la DNCP anuló la adjudicación.
Este error le estará costando mucho más dinero a las arcas del Estado, que a esta altura ya debía estar realizando las tareas en el Paraná, pues el río actualmente es innavegable.